- Entre 2015 y 2025 se registraron en México al menos 199 homicidios de defensores de los derechos humanos ambientales.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Entre 2015 y 2025 se registraron en México al menos 199 homicidios de defensores de los derechos humanos ambientales.
Los años con más agresiones letales fueron 2017, con 29, y 2021 y 2024, con 25 cada uno.
El informe anual del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) en la materia, presentado ayer, remarca que si bien la cifra de 10 asesinatos en 2025 fue menor en la actual década continúa siendo inaceptable.
La lista de ambientalistas asesinados el año pasado incluye a 3 dirigentes y activistas comunitarios de Jalisco: Marcos Aguilar Rojas, representante agrario de la comunidad indígena tepehuana-wixárika de Azqueltán; Cándido Esaú Román Pérez, representante legal del ejido Nuevo Centro de Población Agrícola General Emiliano Zapata, de Cihuatlán, Jalisco, y Karina Ruiz Ocampo, representante legal de la asociación vecinal La Cima, Nuestra Prioridad, del municipio de El Arenal.
Consigna también los homicidios de Arnoldo Nicolás Romero, comisario ejidal de Buena Vista, municipio de San Juan Guichicovi, e integrante activo de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), y Cristino Castro Perea, defensor de la comunidad chontal de Barra de la Cruz, del municipio de Santiago Astata, en Oaxaca
También los de Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota en Cacahuatepec, y Sergio Hugo Ureiro Castañeda, dirigente del Movimiento en Defensa de la Plazuela de los Cántaros de Tlapa, en Guerrero.
En Michoacán fue asesinado Francisco Macías Sánchez, integrante de la ronda comunitaria del municipio autónomo de Cherán; en Morelos, Silvia Hernández Meza, candidata de la Planilla Morada, que contendía por la presidencia del Comisariado de Bienes Comunales de Huitzilac, y en Puebla, José Luis Lucas Quirino, profesor, ejidatario y líder social en la región de Acuaco, del municipio de Zaragoza.
AGRESIONES
El informe advierte que las agresiones en contra de los defensores de los derechos humanos ambientales registraron un repunte, al llegar a 135 casos, 41 más que en 2024 y la segunda cifra más alta en 12 años de registro.
Los principales tipos de agresión documentados en el informe son los de estigmatización, intimidación, difamación, amenaza, hostigamiento, criminalización y ataque físico. En 85.5 por ciento de los casos, las víctimas fueron integrantes de organizaciones civiles o comunidades.
Y en más de la mitad de los casos, 56 por ciento, los responsables fueron agentes gubernamentales, en 7.3 por ciento miembros de la delincuencia organizada y en 6 por ciento personal de empresas.
Las entidades con mayor número de agresiones fueron la Ciudad de México, con 39; Puebla, con 20, y Oaxaca, con 17.
En rueda de prensa, Gustavo Alanís, fundador y director ejecutivo de Cemda, subrayó la necesidad de desterrar la impunidad en las agresiones a los defensores ambientales y cumplir con ello uno de los compromisos asumidos por México al suscribir el Acuerdo de Escazu (Acuerdo sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe).
Conforme al artículo 9 del Acuerdo, apuntó, México tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar los ataques a los defensores ambientales.
“Pero no sucede. Aquí en México, nadie previene, nadie investiga y nadir sanciona”, lamentó.
