- Los cambios en la legislación permitirán la edificación de hogares más amplios, accesibles y a menor costos, especialmente para la población de bajos ingresos y para los jóvenes.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- Los cambios en la legislación permitirán la edificación de hogares más amplios, accesibles y a menor costos, especialmente para la población de bajos ingresos y para los jóvenes.
Así lo afirmó Juan Manuel Mercader Rodríguez, el principal empresario desarrollador de vivienda en el sur del estado.
Lo planteó ante las recientes reformas a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como a la Ley de Acciones Urbanísticas de Quintana Roo.
Contrario a los señalamientos de los diputados de Oposición en el Congreso del Estado, destacó que las adecuaciones aprobadas por la XVIII Legislatura e impulsadas por la gobernadora Mara Lezama, configuran un marco regulatorio que facilitará la aplicación de programas federales como “Viviendas del Bienestar”.
El empresario desarrollador explicó que este nuevo esquema contempla viviendas sustancialmente más grandes que el promedio de interés social en el país, el cual se ubica en los 42 metros cuadrados.
Con el nuevo modelo, los inmuebles bajo el esquema de compraventa alcanzarán los 60 metros cuadrados mientras que las propiedades destinadas al arrendamiento inicial medirán entre 40 y 45 metros cuadrados.
“Creemos que es un gran programa; se entendió la problemática de la falta de vivienda económica y la necesidad de facilitarle el acceso a quienes tienen menos ingresos”, señaló.
Mercader Rodríguez reconoció que en los últimos seis o siete años, la colocación de viviendas para trabajadores que perciben hasta dos salarios mínimos había sido mínima y casi exclusiva mediante la unificación de créditos de Infonavit.
La reducción de los precios finales y el incremento en el tamaño de los inmuebles se logrará mediante la eliminación de cargas burocráticas y el apoyo de los tres órdenes de gobierno.
De acuerdo con el desarrollador, el pago de derechos, permisos, licencias e incorporación de servicios básicos (como agua potable y CFE) representa comúnmente entre 10 y 12 por ciento del valor de una vivienda comercial, lo que equivale a un costo de entre 70 mil y 80 mil pesos por unidad.
A la exención de estos conceptos se suman dos estímulos importantes por parte del Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), como la absorción del costo financiero durante todo el proceso de edificación.
Así como la absorción de los costos de comercialización, que representa entre tres y seis por ciento del valor del inmueble.
Se obtiene también descuentos en insumos a través de convenios con proveedores y fabricantes de materiales de construcción que ofrecen rebajas de entre 15 y 20 sobre los mejores precios del mercado actual.
Los derechohabientes tradicionales de Infonavit y Fovissste que actualmente no alcanzan el puntaje o monto necesario también se verán beneficiados por este nuevo mercado de vivienda económica y de mayores dimensiones.
