- El Gobierno de Veracruz inició el proceso de subasta pública de nueve aeronaves usadas pertenecientes a la flotilla estatal, con las que busca recaudar cerca de 5.5 millones de dólares.
JORGE GONZÁLEZ
XALAPA, VER.- El Gobierno de Veracruz inició el proceso de subasta pública de nueve aeronaves usadas pertenecientes a la flotilla estatal, con las que busca recaudar cerca de 5.5 millones de dólares.
Esto equivale a más de 95 millones de pesos, como parte de la política de austeridad y reorganización administrativa impulsada por la administración de la gobernadora Rocío Nahle García.
La convocatoria oficial, identificada como SP-008001-001-2026, fue publicada por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), encargada del procedimiento de enajenación de las aeronaves.
De acuerdo con el gobierno estatal representan costos elevados de mantenimiento y operación.
La flotilla que será puesta a la venta está integrada por tres aviones y seis helicópteros, varios de ellos utilizados en administraciones anteriores para traslados oficiales y tareas de seguridad.
Entre las unidades con mayor valor destaca un helicóptero Airbus AS350B3E modelo 2014, con precio base superior a 1.4 millones de dólares, además de un Bell 407 modelo 1998 valuado en más de 1 millón de dólares.
También figura un avión Hawker Beechcraft King Air B200 modelo 1999, cuyo precio inicial supera los 800 mil dólares.
La lista incluye además aeronaves tipo Piper Matrix, Piper Saratoga, Bell 206, Bell 430 y Eurocopter, algunas de ellas con varios años de servicio dentro de la administración estatal.
De acuerdo con el calendario oficial, la venta de bases para participar en la subasta permanecerá abierta hasta el 22 de mayo, mientras que el registro de postores se realizará del 25 al 29 de mayo.
La inspección física de las aeronaves está programada del 1 al 5 de junio y el acto formal de subasta se llevará a cabo el próximo 8 de junio en Xalapa.
Las bases tienen un costo de 13 mil 840 pesos y los interesados deberán entregar una garantía equivalente al 10 por ciento del valor base de la aeronave que pretendan adquirir.
El tema ha generado interés político y financiero debido a que la administración estatal ha sostenido un discurso orientado a reducir gastos considerados innecesarios y redefinir el uso de la flota aérea gubernamental.
Rocío Nahle ha señalado en distintas ocasiones que las aeronaves oficiales deberán destinarse exclusivamente a labores estratégicas relacionadas con seguridad pública, protección civil, atención médica y emergencias, evitando su utilización para traslados personales o actividades ajenas al servicio público.
La subasta también ocurre en medio del debate sobre el manejo de recursos públicos y la revisión de bienes heredados de administraciones anteriores, un tema que mantiene presencia en la agenda política estatal.
