- Resuelve máximo tribunal atraer un amparo promovido por una mujer que enfrenta un tratamiento contra el cáncer de mama y que cuestiona la constitucionalidad de las normas que actualmente prohíben la eutanasia y el suicidio asistido en el país.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició este miércoles la ruta para analizar uno de los debates más complejos en materia de derechos humanos y bioética en México: la posibilidad de que una persona decida, bajo determinadas circunstancias, el momento y la forma de poner fin a su vida.
El Pleno del máximo tribunal resolvió atraer un amparo promovido por una mujer que enfrenta un tratamiento contra el cáncer de mama y que cuestiona la constitucionalidad de las normas que actualmente prohíben la eutanasia y el suicidio asistido en el país.
La decisión fue aprobada por ocho votos contra uno y permitirá que la Corte estudie si la legislación mexicana ofrece una protección adecuada a derechos como la autonomía personal, la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad cuando una persona enfrenta una enfermedad grave.
La discusión surgió a partir de la demanda presentada por una tanatóloga que argumenta que el Estado no debe impedir que una persona tome decisiones sobre el final de su vida cuando cuenta con plena capacidad para expresar su voluntad.
Al pronunciarse sobre la importancia del caso, varios integrantes del Pleno coincidieron en que el asunto trasciende el interés individual de la promovente y plantea interrogantes constitucionales que hasta ahora no han sido resueltas por el máximo tribunal.
Entre los aspectos que serán examinados se encuentra la compatibilidad de la prohibición absoluta de la eutanasia con los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por México.
Durante la sesión, las ministras y ministros destacaron que el debate involucra temas relacionados con la autonomía de los pacientes, el consentimiento informado, la actuación del personal médico, los cuidados paliativos y la protección de personas en condiciones de vulnerabilidad.
Asimismo, se recordó que el tema ha adquirido relevancia en diversas jurisdicciones internacionales, donde los tribunales y los poderes legislativos han desarrollado distintos modelos para regular la asistencia médica para morir, bajo requisitos y controles específicos.
La Corte también deberá determinar si la promovente tiene interés legítimo para impugnar las disposiciones legales vigentes y si éstas generan una afectación directa a sus derechos fundamentales.
Aunque la resolución de este miércoles no modifica el marco jurídico actual ni autoriza la eutanasia en México, sí marca el inicio de una discusión constitucional que podría redefinir los alcances de la libertad individual frente a las decisiones sobre el final de la vida.
El expediente será turnado a una ponencia para la elaboración de un proyecto de sentencia que posteriormente será sometido a consideración del Pleno. Será en esa etapa cuando las ministras y ministros entren al análisis de fondo sobre la constitucionalidad de las restricciones previstas en la legislación sanitaria y penal mexicana.
La decisión de atraer el asunto coloca a la Suprema Corte en el centro de un debate que involucra consideraciones jurídicas, médicas, éticas y sociales, y cuya resolución podría convertirse en un referente para futuros casos relacionados con la muerte asistida en el país.
