Sergio León Cervantes
Mientras México discute la elección de 2027, una de las decisiones más importantes para nuestro futuro económico, comercial y geopolítico se tomará fuera de nuestras fronteras. El próximo noviembre de 2026, Estados Unidos celebrará elecciones legislativas para renovar la totalidad de la Cámara de Representantes, 35 escaños del Senado y decenas de gubernaturas estatales. A primera vista parece un asunto exclusivamente estadounidense. No lo es. Lo que estará realmente en juego es la capacidad de Washington para redefinir la relación con México durante la próxima década.
Durante años, México entendió la relación bilateral principalmente como una relación comercial. Los números justificaban esa visión. Más del 83% de nuestras exportaciones tienen como destino Estados Unidos. El comercio bilateral supera los 840 mil millones de dólares anuales. Las remesas enviadas por mexicanos desde ese país ya rebasan los 65 mil millones de dólares al año. Cerca de la mitad de la inversión extranjera directa que recibe México proviene directa o indirectamente de empresas estadounidenses. En Quintana Roo, principal motor turístico del país, más del 60% de los visitantes internacionales provienen de Estados Unidos y generan una derrama económica superior a los 10 mil millones de dólares anuales para hoteles, restaurantes, comercios, aerolíneas, transportistas y prestadores de servicios.
La integración económica entre ambos países es profunda, rentable y estratégica. Pero también nos vuelve extraordinariamente vulnerables.
La revisión del T-MEC prevista para 2026 suele presentarse como una discusión técnica y comercial. Sin embargo, cada vez existen más señales de que Washington pretende llevar la conversación a otro terreno. La pregunta que debemos hacernos no es si habrá una revisión del tratado. La verdadera pregunta es qué sucedería si Estados Unidos decide que para mantener los beneficios del T-MEC México debe cumplir condiciones adicionales.
El primer escenario es el narcotráfico. Estados Unidos enfrenta una crisis de fentanilo que provoca alrededor de cien mil muertes por sobredosis cada año. El tema dejó de ser únicamente un problema de salud pública para convertirse en un asunto de seguridad nacional. ¿Qué ocurriría si Washington condiciona parte de la continuidad o modernización del T-MEC a resultados verificables en combate al narcotráfico, decomisos, producción de drogas sintéticas o recuperación territorial frente a grupos criminales?
Más aún, ¿qué sucedería si un Congreso más alineado con la Casa Blanca fortalece las facultades operativas y presupuestales de agencias como el FBI, la DEA, el Departamento de Seguridad Nacional o las estructuras de inteligencia vinculadas a la CIA para actuar con mayor agresividad contra organizaciones criminales transnacionales? No necesariamente hablamos de intervenciones militares convencionales. Hablamos de inteligencia, vigilancia financiera, persecución internacional de activos, sanciones económicas, presión diplomática, cooperación obligada y mayores exigencias hacia las autoridades mexicanas.
El segundo escenario son las aduanas. Todos los días cruzan la frontera mercancías con un valor cercano a los 2 mil millones de dólares. Si Estados Unidos incrementa las inspecciones bajo argumentos de seguridad nacional, combate al tráfico ilícito o control de precursores químicos, los costos logísticos y los tiempos de entrega para miles de empresas mexicanas aumentarían de manera significativa. Un retraso de horas en la frontera puede traducirse en millones de dólares de pérdidas para cadenas productivas integradas.
El tercer escenario es la gran negociación. ¿Qué ocurriría si Washington decide sentar en una misma mesa migración, narcotráfico, seguridad, energía, inversión, China y T-MEC? Porque esa parece ser precisamente la dirección que está tomando la política estadounidense. Durante décadas negociamos cada tema por separado. Hoy Estados Unidos comienza a verlos como parte del mismo expediente.
Los riesgos son enormes. Si las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos se redujeran apenas un 5%, México perdería alrededor de 25 mil millones de dólares anuales en ventas al exterior, una cifra superior al presupuesto anual de varios estados de la República combinados. Al mismo tiempo, el nearshoring representa una oportunidad histórica estimada entre 35 y 50 mil millones de dólares adicionales al año para México durante la próxima década. La diferencia entre capturar esa oportunidad o perderla dependerá de nuestra capacidad para ofrecer seguridad, energía, infraestructura, certeza jurídica y confianza institucional.
Por eso la elección estadounidense de noviembre importa mucho más de lo que creemos. No porque determine quién gobernará Estados Unidos, sino porque puede definir cómo Estados Unidos decidirá relacionarse con México.
El riesgo no es Donald Trump. El riesgo tampoco son los republicanos. El verdadero cambio es que Washington comienza a redefinir a México como un asunto de seguridad nacional. Y cuando una superpotencia cambia la forma en que te clasifica, también cambian las reglas bajo las cuales negocia contigo.
La elección más importante para la economía mexicana en 2026 no se celebrará en México. Se celebrará en Washington.
¡Hasta la próxima semana, con nuevos retos y oportunidades!
Sin miedo a la cima, que el éxito ya lo tenemos.
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