- La Canadevi planteará a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que las operaciones del sector sean consideradas de bajo riesgo en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Lfpiorpi), mejor conocida como Ley Antilavado.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- La Canadevi planteará a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que las operaciones del sector sean consideradas de bajo riesgo en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Lfpiorpi), mejor conocida como Ley Antilavado.
En el marco del Sexto Foro Financiero, Carlos Ramírez Capó, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, comentó que tras la actualización del reglamento antilavado (GAFI/OCDE) del siete de agosto, los desarrolladores deben aplicar matrices de riesgo, crear manuales, entre otros.
En ese sentido, agregó que la industria de la construcción está catalogada como actividad vulnerable bajo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
No obstante, enfatizó que la mayoría de las operaciones del sector formal tienen un origen financiero rastreable.
“El 96 por ciento de nuestras operaciones tienen trazabilidad perfectamente clara; buscamos que la autoridad determine un criterio de riesgo bajo para estas transacciones, lo que nos permitiría tener un esquema simplificado y expedientes más ágiles”, explicó.
Enfatizó que las ventas de las empresas socias al organismo provienen de créditos de institutos como el Infonavit, Fovissste, Banca Comercial e Issfam, donde el origen de los recursos es totalmente auditable.
Agregó que la clasificación de riesgo no depende del valor total del inmueble, sino del origen de los recursos y los umbrales de aviso establecidos legalmente.
Respecto al 4 por ciento de las operaciones restantes, mencionó que estás también aplican los análisis de debida diligencia y avisos correspondientes al SAT.
El líder del sector vivienda recordó que la normativa establece fases de cumplimiento en noviembre de 2026 y junio de 2027, mientras que las auditorías obligatorias comenzarán en 2028.
En otro sentido, Rodríguez Capó enfatizó que el acceso al financiamiento no solo permite iniciar y concluir proyectos habitacionales, sino que genera empleo, impulsa la inversión y facilita que más familias puedan acceder a una vivienda.
*Con información de Agencia Reforma
