La sed de justicia… y la sed de Niagara Bottling

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POR KUKULKAN

EN EL POBLADO de Soyaniquilpan de Juárez, Estado de México, los campesinos miran preocupados cómo sus pozos bajan mientras una brillante planta embotelladora de capital transnacional, Niagara Bottling, succiona –con permiso oficial, por supuesto– casi 3 mil millones de litros de agua al año amenazando la sequía futura en la región. 

PERO para el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito no hay tal amenaza: los campesinos no tienen legitimación para defender el agua que han usado por generaciones. ¿Quiénes se creen? ¿Propietarios de la tierra? ¿Habitantes de la comunidad? ¿Personas que necesitan agua para vivir? Por favor.

Y AHÍ ESTÁN los magistrados Pedro Alberto de la Rosa Manzano, Guillermo Núñez Loyo y Kharem Omaña Pérez, puliendo su fallo como si fuera obra de arte. Un fallo que prácticamente dice: “Sí, sí, entendemos que se están quedando sin agua, pero ustedes no pueden venir a estorbarle a Conagua y a una empresa tan respetable como Niagara Bottling. Váyanse con su sed a otra parte”.

Y ES QUE, claro, nada dice “imparcialidad” como cerrar la puerta de los tribunales justo cuando los pueblos indígenas piden auxilio. Y uno no puede evitar preguntarse: ¿de verdad estos magistrados revisaron el expediente? ¿O revisaron otra cosa… quizá la tarjeta de presentación del despacho que lleva años operando para Niagara, el afamado Martínez y De Labra Abogados, expertos en lubricar engranajes judiciales?

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LA SOSPECHA de que algo se torció quedó al descubierto luego de que en primera instancia la jueza de Distrito Pamela López Swain había hecho lo que se espera de un juzgador en un país con Constitución: pidió verificar si realmente hay agua suficiente y, si no la hay, suspender el permiso. Sin embargo, llegó el Colegiado con su martillo y sus excusas jurídicas para posteriormente resolver que no, que los campesinos no tienen derecho ni a preguntar.

LO IRÓNICO —y aquí es donde el Nido de Víboras se relame los colmillos— es que este caso no sólo pone a prueba a los magistrados, sino a todo el nuevo Poder Judicial, ese que prometió ponerse serio con el combate a la corrupción y los conflictos de interés. Y también al flamante Tribunal de Disciplina Judicial, que ahora tiene la facultad de sancionar a quienes resuelvan casos donde asomen intereses particulares. 

TODA una gran herramienta… en teoría. Porque en la práctica, ¿quién está a cargo del Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Disciplina? Nada más y nada menos que Vladimir Véjar Gómez, sí, el mismo que acompañó a Niagara Bottling en los orígenes del amparo al ser exhibido por su cercanía con —adivinen quién— nada más y nada menos que con los abogados del despacho Martínez y De Labra.

PEQUEÑOS detalles que no son para perder la tranquilidad estimados lectores, ya que en el Poder Judicial nos prometen que se acabaron los conflictos de interés y que Véjar Gómez deberá investigar objetivamente a magistrados que resolvieron un caso que él mismo tocó, en el que él mismo fue señalado, relacionado con abogados con los que él mismo ha tenido relación. Todo muy normal, muy transparente, muy al estilo “no pasa nada”.

El CASO, más que un litigio por agua, se ha convertido en un termómetro del país: ¿el nuevo sistema judicial realmente va a sancionar a los suyos? ¿O la famosa “limpia” institucional será, como tantas veces, un escurridor selectivo donde sólo quedan atrapados los peces chicos? Así, mientras los magistrados firman resoluciones que parecen comunicados corporativos y el órgano disciplinario tiene puestos los reflectores para ver si realmente investigará o no, los campesinos del Estado de México siguen con el mismo problema: el agua se va. Literalmente.

Y OJO: este no es un caso aislado. Es la punta de lanza de lo que podría convertirse en un precedente nacional: si una comunidad no puede impugnar permisos de extracción que afectan su propia agua, entonces ¿quién podrá? ¿La empresa misma? ¿Conagua? ¿El espíritu santo de un manantial? La justicia, se supone, es para todos. Pero la del agua privatizada parece que viene embotellada, etiquetada y con código de barras.

@Nido_DeViboras

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