Elmer Ancona Dorantes
Una vez más, México está en el ojo del huracán. No salimos de un problema para entrar a otro. Lo cierto que el prestigio del país, ganado a lo largo de décadas, se desmorona poco a poco, lentamente.
Desde Ginebra, Suiza, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada resolvió solicitar al secretario general de Naciones Unidas remitir con urgencia la situación de México a la Asamblea General.
¿Y ahora por qué? Porque la Organización de las Naciones Unidas considera la crisis nacional -por las múltiples desapariciones- como un asunto de lesa humanidad, esto es, de ofensas graves contra la dignidad humana.
Para los organismos internacionales -entre ellos la Corte Penal Internacional-, los crímenes de lesa humanidad son actos inhumanos atroces (asesinato, tortura, desaparición forzada o esclavitud) cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, bajo políticas de Estado o de organizaciones.
“Lesa”, cabe recordar, significa “dañada” u “ofendida”, por lo que implica una ofensa muy grave a la dignidad humana y que no prescribe.
Lo que pide la ONU, en pocas palabras, es que el Gobierno de México evalúe y mejore las medidas de apoyo en tareas de prevención, búsqueda, investigación, sanción y erradicación de estos delitos.
“La información reunida (por la ONU) contiene indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad”
El pronunciamiento, por supuesto, no afirma que exista una política federal orientada a cometer desapariciones, aunque sí advierte sobre un patrón grave y persistente de ataques contra la población civil en distintas regiones y momentos del país.
El Comité de la ONU precisa que, a la luz de la información analizada, la guerra contra las drogas (o la no guerra) ha contribuido a crear las condiciones en las que estos hechos se expandieron a nivel nacional.
“Se plantea la necesidad de fortalecer las búsquedas, el trabajo forense, las investigaciones exhaustivas y la indagación sobre posibles vínculos entre autoridades y crimen organizado”
La preocupación internacional se sostiene también en el volumen de casos que México concentra ante este mecanismo.
Para “medir” y argumentar el problema, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada reportó mil 893 acciones urgentes registradas a nivel global hasta la fecha del informe anual, de las cuales una parte sustancial corresponde a México.
Para ser más claros, entre 2012 y febrero de 2026, México acumuló 819 acciones urgentes equivalentes a 38 por ciento del total mundial.
La ONU advirtió que, sólo entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, se sumaron 40 nuevas solicitudes relacionadas con México, un dato que refuerza la lectura de que la emergencia no cede.
El Comité de la ONU recordó que el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas permite activar este procedimiento excepcional cuando existan indicios bien fundados de desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas.
El organismo internacional aclaró que su intervención no busca fincar responsabilidades penales individuales ni sustituir una comisión de investigación.
“Se trata de movilizar atención y cooperación internacional frente a una situación que considera de extrema gravedad”
En ese contexto, el mensaje de fondo es contundente: la crisis mexicana ya no sólo se mide por el dolor acumulado de miles de familias, sino por el nivel de deterioro institucional que ha obligado a la ONU a escalar el caso hasta la Asamblea General.
Días después, este Comité Internacional advirtió que México arrastra una crisis forense de dimensiones cada vez más difíciles de contener.
Advirtió que en el país hay más de 70 mil restos humanos sin identificar y señaló que esta situación forma parte del deterioro estructural que acompaña a la crisis de desapariciones.
En la resolución con la que pidió llevar el caso mexicano ante la Asamblea General, el organismo ubicó la identificación forense como una de las áreas prioritarias en las que el Estado Mexicano requiere cooperación técnica y apoyo financiero internacional.
La alerta no es nueva, pero sí más grave; tras su visita a México en 2021, el Comité Internacional ya había documentado que alrededor de 52 mil personas fallecidas sin identificar permanecían en fosas comunes, servicios médicos forenses, universidades y centros de resguardo.
Ahora, con base en cifras oficiales disponibles a inicios de 2026, el propio organismo sostiene que el rezago creció.
“Ahora ronda los 72 mil restos humanos sin identificar, lo que confirma que las medidas adoptadas hasta ahora no han sido suficientes para revertir la emergencia”
El problema no se limita al colapso forense. La resolución también refiere que en México se han localizado más de cuatro mil 500 fosas clandestinas, de las que se han recuperado más de seis mil 200 cuerpos y unos cuatro mil 600 restos humanos.
“Detrás de esas cifras hay una cadena de omisiones acumuladas: búsquedas tardías, investigaciones fragmentadas, saturación institucional y una incapacidad persistente para devolver identidad a miles de víctimas y certeza a sus familias”
A nivel regional, la preocupación del Comité Internacional se concentra en varios estados donde el fenómeno se ha vuelto especialmente grave, entre ellos Jalisco, Sinaloa, Nuevo León y Estado de México.
“Más que una acumulación de expedientes o restos sin nombre, lo que describe la ONU es una falla profunda del Estado Mexicano para buscar, identificar e investigar con eficacia”
La dimensión del rezago forense, sumada al hallazgo constante de fosas y a la falta de resultados sostenidos, refuerza la idea de que México no enfrenta episodios aislados, sino una crisis prolongada que sigue creciendo y que exige mucho más que respuestas administrativas.
@elmerando
