POR KUKULKAN
SI GOBERNAR fuera pagar deudas, otro gallo cantaría. Pero en México, gobernar parece más bien sinónimo de adquirirlas. Y no cualquier deuda: hablamos de compromisos millonarios que se firman con ligereza política y se pagan con paciencia ciudadana. El más reciente corte del INEGI lo confirma sin rodeos: durante 2024, ocho estados decidieron recurrir al viejo recurso del financiamiento público. Ciudad de México, Sonora, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Veracruz, Aguascalientes y Chiapas sumaron más de 35 mil millones de pesos en nueva deuda.
UNA CIFRA que, más que alarmar, ya empieza a parecer rutinaria. Chiapas encabeza la lista con más de un tercio del total. Veracruz le sigue de cerca y Aguascalientes completa el grupo de los más entusiastas del endeudamiento. Cada uno con sus razones, sus contextos y, por supuesto, sus discursos justificatorios: infraestructura, seguridad, desarrollo social… palabras grandes para explicar cuentas que rara vez se transparentan con la misma contundencia. Lo más curioso es el ritual democrático que acompaña estos endeudamientos. Mayorías calificadas, límites legales, sistemas de alerta… todo un andamiaje normativo que, en teoría, debería contener los excesos.
EN LA PRÁCTICA, parece más un trámite que una barrera. Se vota, se aprueba y se firma. Y listo: deuda nueva, problema viejo. Lo interesante no es que se endeuden. Eso, en teoría, puede ser necesario. Lo realmente revelador es cómo se hace. Los congresos estatales, encargados de autorizar estos créditos, operan bajo reglas claras: mayoría calificada, límites establecidos, sistemas de control. Todo parece diseñado para evitar abusos. Pero en la práctica, la aprobación de deuda rara vez encuentra obstáculos reales. El trámite se cumple, la votación se realiza y el crédito se autoriza. Así de simple.
Y MIENTRAS tanto, los montos crecen, los compromisos se acumulan y las explicaciones se diluyen. ¿Y la transparencia? Bueno, ese tema suele ser opcional. Se habla de proyectos, de inversiones, de beneficios futuros. Pero pocas veces se detalla con precisión en qué se gasta cada peso. Y menos aún se evalúa si ese gasto cumple con lo prometido. El ciudadano, por su parte, observa desde la distancia. No firma contratos, pero sí carga con las consecuencias. Cada peso de deuda se traduce en recursos comprometidos, en presupuestos ajustados y en decisiones que afectan el día a día.
SIN EMBARGO, la relación entre deuda y beneficio rara vez es evidente. Y aquí viene el punto más incómodo: la responsabilidad. Porque en este juego de cifras millonarias, los responsables casi nunca enfrentan consecuencias. No hay sanciones proporcionales, ni rendición de cuentas efectiva. La deuda se queda, pero quienes la contrajeron se van… y muchas veces con los bolsillos llenos. Desde la lógica política, se trata de un modelo funcional. Permite financiar proyectos, mantener estabilidad momentánea y evitar decisiones impopulares en el corto plazo. Pero a largo plazo, genera una carga constante que limita el desarrollo real.
LA PARADOJA es evidente: mientras más se busca resolver problemas con deuda, más se compromete la capacidad futura de resolverlos. Es un círculo que se alimenta a sí mismo. En el fondo, lo que está en juego no es sólo dinero, sino confianza. La confianza de una ciudadanía que, cada vez más, observa cómo se toman decisiones financieras sin claridad suficiente. Cómo se repiten patrones sin aprendizaje. Cómo se construye un futuro hipotecado sin consulta previa. En el Nido de Víboras, la moraleja es clara: en México, la deuda no sólo se hereda, se normaliza. Y mientras no haya transparencia real ni consecuencias para quienes la manejan con ligereza, seguiremos viviendo en un país donde el futuro financiero ya viene empeñado… y sin posibilidad de devolución.
