- La Profepa informó que el relleno sanitario de Kanasín sigue parcialmente clausurado por incumplir la mayoría de las medidas correctivas.
IGNACIO CANUL
KANASÍN, YUC.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que el relleno sanitario de Kanasín, operado por Saneamiento SANA, S.C. de R.L., mantiene una clausura parcial debido a que la empresa ha fallado en cumplir con 83 por ciento de las medidas correctivas impuestas tras inspecciones de riesgo.
Esto, en una determinación que pone de relieve la fragilidad ambiental del sistema kárstico yucateco.
El pasado 27 de abril, la autoridad ambiental modificó el estatus del sitio de “clausura total temporal” a “clausura parcial temporal”.
Este cambio permite que el relleno reciba nuevamente desechos, pero con una restricción severa: solo podrá ingresar 50 por ciento del volumen de residuos que manejaba anteriormente.
Esta medida se mantendrá vigente hasta que se garantice la seguridad operativa del lugar.
De un total de 27 medidas impuestas por la Profepa (cuatro de urgente aplicación y 23 correctivas), la administración del relleno sanitario solo ha logrado acreditar el cumplimiento de cinco puntos, lo que representa apenas 17 por ciento de avance.
A pesar de haber cumplido con tres de las cuatro medidas de “urgente aplicación” —relacionadas con la reparación de la geomembrana, el análisis de peligrosidad de lixiviados (CRIT) y el sistema de venteo de biogás—, el sitio sigue operando bajo observación crítica.
El punto de mayor fricción y riesgo ambiental sigue siendo el manejo de los lixiviados (líquidos tóxicos residuales).
De acuerdo con el reporte oficial, el sistema para la captación, conducción y recirculación de estos líquidos continúa en construcción.
La falta de esta infraestructura es alarmante debido a la alta permeabilidad del suelo en la región y el nivel freático somero, lo que facilita una rápida dispersión de contaminantes hacia los acuíferos subterráneos.
Entre las 18 medidas que aún se encuentran sin cumplimiento destacan estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos requeridos para la construcción.
Así como sistemas de drenaje pluvial adecuados; monitoreo de acuíferos y de lixiviados; programas de remediación y compensación ambiental ante la Semarnat, y control de dispersión de residuos y fauna nociva.
La Profepa subrayó que la clausura parcial no implica la regularización total del sitio.
La autoridad ha sido enfática en que no se permitirá la operación normal hasta que el sistema de manejo de lixiviados esté plenamente operativo, especialmente ante la inminente llegada de la temporada de lluvias, factor que incrementa exponencialmente el riesgo de desbordamientos e infiltraciones tóxicas.
La empresa Saneamiento SANA deberá continuar con las obras y acreditar cada una de las 22 medidas pendientes para evitar un nuevo cierre total.
Mientras tanto, el “Basurero Municipal de Kanasín” sigue siendo un punto crítico en el mapa de vulnerabilidad ambiental de Yucatán.
Saneamiento SANA opera bajo la figura jurídica de Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada (S.C. de R.L.).
Aunque legalmente las cooperativas tienen socios, en la práctica empresarial de la región se le vincula directamente con el Grupo Ciclo (Ciclo Ambiental).
El empresario José Antonio Loret de Mola Gómory es identificado como el propietario o principal impulsor del grupo empresarial al que pertenece SANA que forma parte de un ecosistema de empresas de gestión de residuos y servicios ambientales que incluye a otras entidades como Ecolsur y Servicios Ambientales Urbanos (SAU).
Ha sido uno de los principales promotores de la reubicación del Aeropuerto Internacional de Mérida hacia el sur de la ciudad (Poxilá/Umán), un proyecto de inversión privada que busca liberar terrenos para el desarrollo urbano y conectar con el Tren Maya.
Ha ocupado los cargos más altos en la jerarquía empresarial del estado. La Coparmex Mérida, fue presidente del Centro Empresarial de Mérida en el periodo 2018-2020.
En el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán asumió la presidencia de este organismo cúpula en 2019, actuando como el principal interlocutor entre los empresarios y los tres niveles de gobierno.
Pertenece a una familia de larga tradición en la vida pública de Yucatán; es nieto de Carlos Loret de Mola Médiz, quien fue gobernador de Yucatán (1970-1976), y es primo del periodista Carlos Loret de Mola.
Durante la administración de Mauricio Vila, mantuvo una colaboración estrecha en proyectos de infraestructura regional.
Ante el actual gobierno de Joaquín Díaz Mena, su figura representa la continuidad de los grandes capitales locales en la gestión de servicios públicos y el desarrollo industrial del estado.
La empresa tiene un largo historial en el estado, aunque su consolidación como actor principal en el manejo de residuos en la zona metropolitana de Mérida y municipios aledaños (como Kanasín) se fortaleció en las últimas dos décadas.
Su registro fiscal (RFC: SSA030409P68) indica que la sociedad fue constituida formalmente alrededor de abril de 2003, pasando de ser una recolectora local a gestionar rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de gran escala, obteniendo concesiones clave en Mérida y municipios conurbados.
El contexto político en Yucatán ha cambiado recientemente con la llegada de Joaquín “Huacho” Díaz Mena a la gubernatura, tras el periodo de Mauricio Vila Dosal.
Los vínculos de SANA se pueden analizar en dos vertientes: Continuidad Institucional y Concesiones: SANA ha mantenido contratos y concesiones a través de diversas administraciones (PRI, PAN y ahora el inicio de Morena).
Su relación con el gobierno estatal suele ser técnica y normativa, mediada por la Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Procuraduría de Protección al Ambiente.
La reciente clausura parcial por parte de la Profepa y la supervisión estatal sugieren una relación de “observación crítica”.
El gobierno actual, bajo la bandera del “Renacimiento Maya”, ha prometido revisar contratos de servicios públicos y concesiones otorgadas en administraciones pasadas para asegurar que cumplan con estándares ambientales, especialmente tras las quejas por la contaminación del acuífero en Kanasín.
En medios locales, se ha señalado frecuentemente al grupo empresarial por su cercanía con las élites económicas del estado, lo que en periodos electorales suele ser motivo de críticas sobre presuntos favoritismos en la asignación de rutas de recolección y manejo de rellenos.
El incumplimiento de 83 por ciento de las medidas en el relleno de Kanasín sitúa a la empresa en una posición vulnerable frente al actual gobierno estatal, que podría usar estos fallos operativos como base legal para revocar concesiones o imponer sanciones más severas si no se garantiza la protección del suelo kárstico.
