- Reconoce SCJN el interés legítimo de las comunidades mayas de Sitilpech, Kinchil y Chapab para impugnar una norma ambiental que regula el diseño, operación y abandono de los centros de producción porcícola en Yucatán.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- La contaminación de cenotes, las denuncias por malos olores, la proliferación de moscas y las acusaciones por daños al manto acuífero llevaron finalmente el conflicto de las megagranjas porcícolas de Yucatán hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que este jueves resolvió el amparo en revisión 451/2025 y dio un nuevo revés judicial a las autoridades estatales.
El Pleno de la Corte aprobó el proyecto presentado por la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, mediante el cual se revocó la sentencia de un juez federal que había desechado parcialmente el juicio promovido por habitantes mayas de Sitilpech, Chapab y Kinchil contra la Norma Técnica Ambiental que regula la operación de granjas porcinas en la entidad.
La resolución ordena reponer el procedimiento judicial al considerar que sí existe interés legítimo de las comunidades indígenas para impugnar regulaciones ambientales vinculadas con actividades porcinas desarrolladas en su territorio.
El conflicto comenzó después de que la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán emitiera en 2022 la Norma Técnica Ambiental NTA-001-SDS-22, destinada a regular el diseño, construcción, operación y mantenimiento de centros de producción porcícola.
Las comunidades mayas promovieron un amparo al argumentar que la norma fue aprobada sin realizar una consulta previa, libre e informada, pese a tratarse de actividades con impacto directo sobre territorios indígenas y zonas ambientalmente vulnerables.
Durante años, habitantes y organizaciones ambientalistas han denunciado que el crecimiento acelerado de la industria porcícola en Yucatán ha provocado contaminación de pozos y cenotes, filtración de residuos al subsuelo, afectaciones a flora y fauna, malos olores permanentes y riesgos sanitarios para las comunidades cercanas.
Las acusaciones se concentran principalmente en municipios como Homún, Chapab, Sitilpech, Kinchil y Santa María Chi, donde se han promovido amparos, denuncias administrativas y protestas sociales contra diversas instalaciones porcinas.
Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en Homún, donde habitantes lograron suspensiones judiciales para frenar temporalmente la operación de una megagranja señalada por posibles riesgos al sistema de cenotes de la región.
En su resolución, la Suprema Corte sostuvo que el juez federal aplicó de manera incorrecta la causal de improcedencia al considerar que las personas promoventes no acreditaron afectaciones directas derivadas de la norma ambiental.
El máximo tribunal determinó que las comunidades sí demostraron vivir en localidades donde existen actividades reguladas por la norma impugnada y que esa circunstancia era suficiente para reconocer interés legítimo en materia ambiental.
La Corte también estableció que la autoadscripción indígena no puede convertirse en un obstáculo procesal para impedir el acceso a la justicia, particularmente cuando se reclaman posibles violaciones a derechos colectivos relacionados con territorio, agua y medio ambiente.
Dentro del análisis del expediente, la SCJN retomó incluso antecedentes de otros litigios ambientales relacionados con granjas porcinas en Sitilpech y Chapab, donde previamente tribunales federales habían concedido suspensiones por posibles afectaciones ambientales.
Aunque la Suprema Corte todavía no resolvió el fondo del asunto —es decir, si la Norma Técnica Ambiental es constitucional o no— sí abrió la puerta para que el caso continúe y se analicen plenamente los argumentos relacionados con consulta indígena y protección ambiental.
La decisión también podría sentar un precedente nacional sobre la obligación de consultar a pueblos originarios antes de emitir regulaciones o autorizar proyectos con impacto ambiental en sus territorios.
Actualmente, organizaciones civiles estiman que existen más de 500 granjas porcícolas en la Península de Yucatán, varias de ellas bajo observación por presuntas irregularidades ambientales o administrativas.
Yucatán se mantiene como uno de los principales productores de carne de cerdo del país y uno de los estados con mayor crecimiento en exportaciones porcinas hacia mercados internacionales, especialmente Asia.
Sin embargo, colectivos ambientalistas sostienen que la expansión de la industria no ha sido acompañada por mecanismos suficientes de supervisión ambiental ni controles efectivos sobre el manejo de residuos.
