- Cierran de forma definitiva investigación contra abogados y despachos señalados por supuestos fraudes relacionados con cartera vencida del Infonavit.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- Un Tribunal Colegiado de la Ciudad de México negó de forma definitiva el amparo solicitado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), con el que buscaba reabrir una investigación por presunto lavado de dinero relacionado con el despojo de viviendas de cartera vencida, valuadas en más de 2 mil 257 millones de pesos.
De acuerdo con fuentes judiciales, los magistrados confirmaron la determinación tomada por la Fiscalía General de la República (FGR) de cerrar la carpeta de investigación iniciada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al considerar que no existían elementos suficientes para continuar con las indagatorias.
La investigación, iniciada en 2018, involucraba a cuatro despachos jurídicos y seis abogados señalados por participar en el presunto despojo ilegal de al menos 60 mil viviendas, a través de juicios civiles masivos en el estado de Nayarit. Según los reportes, estas demandas se habrían realizado sin notificación previa y, en algunos casos, contra derechohabientes que estaban al corriente en sus pagos.
Los magistrados determinaron que el Infonavit no estaba legitimado para promover el amparo, ya que no tenía reconocida la calidad de víctima en la investigación. Argumentaron también que, conforme a la legislación vigente, el delito de lavado de dinero no contempla una víctima directa, por lo que el Instituto no podía asumir ese carácter jurídico.
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Entre los beneficiarios del fallo se encuentran los abogados Hugo Gerardo Rosales Badillo, Liliana Yazmín Cruz Flores, Antonio Humberto Herrera López, Otoniel Arrambide Guzmán, José Horacio de la Salud Ramos Ramos y Gina Rosa del Carmen Bahrens Gaitán, así como los despachos Especialistas en Cobranza Difícil S.C., KCS Servicios Profesionales S.C. y Molrod, Silber y Asociados S.C.
Uno de los nombres que figura en la lista, Hugo Rosales Badillo, fue previamente señalado por la FGR en otra investigación relacionada con Segalmex. En aquel caso, fue acusado por su presunta participación en una operación simulada de compraventa de azúcar que habría provocado un daño patrimonial de 142 millones de pesos, aunque posteriormente se convirtió en colaborador del Ministerio Público.
En una conferencia realizada en febrero, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, dio a conocer que el Instituto ha identificado una red de corrupción integrada por al menos 160 despachos de abogados, jueces y funcionarios judiciales que habrían participado en juicios fraudulentos de recuperación de cartera vencida entre 2013 y 2018.
Romero Oropeza explicó que, como parte de la estrategia de defensa del patrimonio de los derechohabientes, el Infonavit ha presentado diversas denuncias penales ante la FGR contra los despachos presuntamente implicados. Asimismo, informó que algunos representantes legales de dichos despachos ocuparon cargos dentro del propio Instituto, lo que indicaría posibles actos de colusión.
Tras el fallo judicial, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instruyó al Infonavit a continuar con las acciones legales pertinentes y a implementar medidas para resarcir los daños a los acreditados afectados. Entre las acciones anunciadas están la suspensión temporal del cobro de mensualidades y la aplicación de descuentos de hasta el 95% en los saldos adeudados.
