- El ex presidente Ernesto Zedillo reaparece para hablar de sus propios ‘logros’, criticar la tiranía del actual gobierno de la 4T y omitir los oscuros episodios de su administración.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- El ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León reapareció en la escena pública a través de una entrevista publicada por la revista Nexos, donde lanzó críticas directas contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, acusándolo de haber instaurado “una nueva tiranía” en el sistema político mexicano.
Sin embargo, su retorno a la opinión pública ha revivido también los cuestionamientos sobre algunos de los capítulos más oscuros y no resueltos de su sexenio (1994–2000).
Zedillo, quien asumió la presidencia en medio de una de las crisis políticas más intensas de la historia moderna de México, omitió en su discurso toda mención a hechos graves ocurridos durante su administración, como las matanzas de Aguas Blancas, Acteal, El Charco y El Bosque, actos de represión que cobraron la vida de decenas de civiles y en los que se acusó al Estado de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Tampoco hizo referencia a su papel en la creación del controvertido FOBAPROA, el rescate bancario que socializó las deudas privadas de los banqueros y empresarios, convirtiéndolas en deuda pública que hoy sigue pesando en las finanzas de todos los mexicanos.
Uno de los silencios más notables en su reaparición ha sido el de los casos de los magnicidios de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, ambos ocurridos en 1994, en el último tramo del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, pero cuyas investigaciones recayeron directamente en Zedillo una vez que asumió la presidencia.
En el caso de Colosio, candidato presidencial del PRI, asesinado el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, la investigación oficial nunca llegó a los autores intelectuales. Aunque se sentenció a Mario Aburto como autor material, diversas inconsistencias, testimonios omitidos y evidencias mal procesadas han dado pie a múltiples teorías sobre un encubrimiento de alto nivel.
A lo largo de los años, nuevas indagatorias han sugerido irregularidades graves en el caso, sin que se haya llegado a una conclusión distinta ni se haya reabierto formalmente.
En cuanto a José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI y cuñado del entonces presidente Salinas, asesinado el 28 de septiembre de 1994, el primer implicado fue Raúl Salinas de Gortari, hermano del mandatario. Sin embargo, pese a ser encarcelado y procesado, Raúl Salinas fue liberado en 2005 bajo el gobierno de Vicente Fox, en lo que diversos analistas y medios señalaron como parte de una negociación política para proteger la estabilidad de las élites del viejo régimen priista.
A este escenario de impunidad se suma un episodio que marcó el descrédito de la Procuraduría General de la República durante el gobierno de Zedillo: el escándalo de “La Paca”, una supuesta vidente que hacía trabajos de magia para el hermano incómodo del ex presidente y luego fue contratada por la PGR para localizar el cuerpo de Manuel Muñoz Rocha, exdiputado y compadre de Raúl Salinas de Gortari, señalado como presunto intermediario en el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu.
En un acto que rayó en el absurdo, la procuraduría se dejó guiar por las “intuiciones” de la médium para desenterrar un cadáver en un rancho del Estado de México, supuestamente perteneciente a Muñoz Rocha, quien desapareció misteriosamente luego de reunirse con Raúl Salinas. Años después se confirmó que el cuerpo no era suyo, y el episodio quedó como un símbolo de la improvisación, la manipulación mediática y la falta de rigor en la procuración de justicia durante ese sexenio.
La reaparición de Zedillo como crítico del sistema democrático actual contrasta con su historial como presidente. En 1995, impulsó una polémica reforma judicial que disolvió a la Suprema Corte de Justicia tal como existía entonces, removiendo a los entonces 26 ministros y nombrando una nueva corte, reducida a once miembros, más cercana a su visión de gobierno, hecho que fue señalado como un acto autoritario, disfrazado de modernización institucional.
