Ovidio: los privilegios del narcotráfico en Estados Unidos

Fecha:

Zósimo Camacho

El próximo 9 de julio, Ovidio Guzmán López, el Ratón –hijo del narcotraficante más famoso de los últimos tiempos, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo– se declarará culpable en un tribunal de Chicago, Illinois, tras negociar un acuerdo con la fiscalía estadunidense.

La noticia confirma lo que ya se temía: el sistema judicial de Estados Unidos, que se jacta de su rigor contra el crimen organizado, volverá a premiar a un integrante del narcotráfico con una condena suave a cambio de “información” o “cooperación”. Mientras las víctimas del Cártel de Sinaloa siguen sin justicia, los capos negocian su impunidad con quienes supuestamente son sus acérrimos perseguidores.

No es la primera vez. El historial de Estados Unidos en este tipo de acuerdos es largo y bochornoso. El mensaje es claro: el crimen paga; y si eres poderoso, alcanzas premio. El caso de Ovidio Guzmán López no es una excepción, sino la regla en un sistema que prioriza resultados políticos sobre justicia real.

Guzmán López fue capturado por México. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo entregó, mediante un proceso de extradición, en septiembre de 2023, al gobierno de Joseph Biden. El narcotraficante inicialmente se declaró inocente, pero ahora acepta su culpabilidad. ¿Qué cambió? Lo obvio: un plea deal, un trato bajo la mesa donde la fiscalía reduce cargos o pide penas menores a cambio de “información”. Lo cierto es que este tipo de acuerdos no desmantelan redes criminales. Sirven para que los narcotraficantes calculen fríamente cómo minimizar su castigo y Estados Unidos se quede con cuentas bancarias, bienes inmuebles, fortunas acumuladas ilegalmente e información para chantajear a gobiernos de otros países.

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El sistema judicial estadunidense ha permitido que numerosos narcotraficantes eviten largas condenas o, incluso, obtengan la libertad a cambio de “colaboración”.

Se pueden citar decenas de casos. Sólo nos referiremos al antecedente del mismo Cártel de Sinaloa, pero de la facción antagónica a la del Chapo. Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, en su momento heredero del Cártel de Sinaloa e hijo de Ismael Zambada García, el Mayo, se declaró culpable en 2013 y cooperó con la agencia estadunidense antidrogas (DEA). Su sentencia de 30 años prevista quedó en 10. Desde 2021 dejó de estar “bajo custodia” del Departamento de Prisiones de Estados Unidos. Pagó 4 millones de dólares de multa y acordó perder activos en ese país por 1 mil 370 millones de dólares. Qué fácil.

El problema no es sólo jurídico, sino moral. Mientras en México las víctimas mortales de los cárteles del narcotráfico suman casi medio millón desde 2006, Estados Unidos negocia con los responsables como si fueran empresarios incumplidos.

Washington critica la corrupción en México, pero su sistema judicial permite que narcotraficantes compren su libertad relativa. Mientras un joven afroamericano puede ir décadas a prisión por posesión de drogas, los Chapitos negocian privilegios en sus lugares de reclusión o, incluso, futuras libertades condicionales.

¿Para esto presionó el gobierno estadunidense al mexicano, con ríos de tinta en medios de información y periodistas oficiosos a ambos lados de la frontera? ¿Para qué entonces el “Culiacanazo” de 2019 y las operaciones encubiertas?

Pactos como el que hoy anuncian Ovidio y la fiscalía estadunidense refuerzan el poder de los cárteles. Cuando un capo recibe trato preferencial, envía un mensaje a su organización: el negocio sigue, sólo hay que saber jugar al sistema. Así, el narcotráfico no se desmantela, se administra. No hay tal guerra contra las drogas en Estados Unidos, sino una negociación permanente y sistemática.

El acuerdo de Ovidio parece ser sólo un eslabón de un macro acuerdo de la facción del Chapo, del Cártel de Sinaloa, con el gobierno de Estados Unidos. Incluye, no olvidemos, la traición y secuestro en México del líder de la otra facción, el Mayo. En una operación acordada con agentes extranjeros, los Chapitos sacaron del país a su rival interno y lo ofrendaron como tributo y moneda de cambio. Toca pagar al gobierno estadunidense.

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