- La detención se produjo en la congregación de Tonalá, donde fueron localizados por agentes de seguridad.
JORGE GONZÁLEZ
AGUA DULCE, VER.- La Fiscalía General del Estado informó que un juez especializado en justicia para adolescentes vinculó a proceso a la hija y al yerno de la maestra Martha Pérez González como presuntos responsables del delito de feminicidio.
Esto, tras el asesinato y posterior quema del cuerpo de la docente ocurridos el pasado lunes en este municipio del sur del estado.
El caso, que ha conmocionado a la comunidad educativa y a los vecinos, se desarrolla bajo los protocolos de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, ya que ambos imputados son menores de edad.
El juez determinó mantener la medida cautelar de internamiento preventivo en el Centro de Internamiento Especial para Adolescentes (Ciepa), en la comunidad de Palma Sola del municipio de Alto Lucero, mientras se realizan las diligencias de investigación complementaria.
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La víctima, de 53 años, era reconocida en Agua Dulce por su labor como docente de preescolar en el jardín de niños “Leopoldo Lugones” y por su participación en actividades comunitarias y religiosas.
Su cuerpo fue hallado calcinado en una cuneta cercana a su vivienda, con heridas atribuibles a una agresión previa, lo que activó una intensa movilización de las autoridades policiacas y ministeriales.
De acuerdo con la Fiscalía y las primeras indagatorias, los presuntos agresores –su hija y el novio de ésta– habrían sustraído el vehículo de la maestra para intentar huir después de los hechos.
La detención se produjo en la congregación de Tonalá, donde fueron localizados por agentes de seguridad.
La vinculación a proceso implica que el caso entrará a una etapa formal de investigación y juicio bajo los parámetros que marca la justicia juvenil mexicana.
Debido a sus edades –15 y 16 años–, el sistema de responsabilidad penal para adolescentes fija límites en la duración y condiciones de las medidas privativas de libertad, y prioriza la reinserción, aun cuando se trate de delitos graves como el feminicidio.
Organizaciones civiles, familiares y vecinos han exigido que el proceso judicial avance con transparencia y que se garantice la justicia en un caso que no sólo representa una tragedia familiar, sino que expone las fallas y tensiones al interior de las comunidades, donde el ejercicio de la violencia extrema contra mujeres sigue siendo una herida profunda.
