- Este año será un parteaguas para todas las empresas y personas físicas que realizan actividades consideradas vulnerables en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (Pldft).
OMAR ROMERO
CANCÚN, Q. ROO.- Este año será un parteaguas para todas las empresas y personas físicas que realizan actividades consideradas vulnerables en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (Pldft).
Esto, ante la inminente intensificación de visitas de verificación por parte de las autoridades.
Fausto Darío Bañuelos Sánchez, presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de Cancún, precisó que, de acuerdo con sus propias estimaciones, en Quintana Roo operan entre cinco mil y siete mil entidades que realizan actividades vulnerables.
Mientras que el país, de acuerdo con datos de la última Encuesta Nacional de Riesgo de 2023, registró apenas 100 mil entidades dadas de alta a nivel nacional entre 32 estados.
Expresó que solo en el sector inmobiliario, el estado cuenta con aproximadamente dos mil 700 asesores registrados, todos ellos sujetos obligados por ley, lo que convierte a Quintana Roo en la entidad con mayor número de asesores inmobiliarios con matrícula en el país.
En ese sentido, las actividades consideradas vulnerables abarcan un espectro amplio, que van desde el desarrollo inmobiliario, compraventa de bienes inmuebles, compraventa de vehículos terrestres, aéreos y marítimos, así como la joyería.
También metales preciosos, relojes, obras de arte, arrendamiento a partir de 180 mil pesos, activos virtuales, servicios de fe pública, casas de cambio y servicios profesionales independientes que manejen recursos de terceros, entre otros.
El especialista abundó que el incumplimiento tiene un costo muy concreto; una multa por un solo aviso omitido puede ascender a un millón de pesos, y los avisos son de presentación mensual.
Si una empresa llega a una visita de verificación sin haber realizado su alta, sin contar con un manual de cumplimiento y sin haber enviado sus avisos, las multas se acumulan por cada omisión de manera independiente.
“Si llegas y no tienes nada, se te van a acumular multas, multa por no darte de alta, multa por no tener manual, multa por no mandar aviso”, detalló el especialista.
Y el panorama podría agravarse, pues el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha señalado que las multas en México son bajas y ha solicitado que se incrementen.
Bañuelos Sánchez aclaró también que el bloqueo de cuentas bancarias es una figura distinta a las sanciones administrativas.
Se trata de una medida cautelar que procede cuando existen indicios de que los recursos en una cuenta podrían tener origen ilícito, y cuya constitucionalidad ya fue respaldada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Un elemento que cambia el panorama local es la creación de una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) estatal, que lleva aproximadamente un año y medio operando en Quintana Roo.
Al igual que el Servicio de Administración Tributaria cuenta con representación local a través del SAT estatal, la UIF nacional coordina acciones con su contraparte estatal mediante convenios de colaboración.
Facilita las visitas de verificación sin depender de personal federal desplazado desde la Ciudad de México.
Ante este escenario, el especialista hizo un llamado urgente a los sectores involucrados a regularizarse antes de que los operativos de verificación se vuelvan rutina.
