- Las operaciones inmobiliarias que se hacen en el Estado tienen más de un mes de registrar atrasos.
STAFF / AR
MONTERREY, NL.- Las operaciones inmobiliarias que se hacen en el Estado tienen más de un mes de registrar atrasos.
Todo por una nueva medida implementada por el Instituto Registral y Catastral de Nuevo León (IRCNL) a Notarías de la entidad.
Fuentes del sector acusaron que se ha generando un ambiente tóxico que incentiva que funcionarios pidan “moches” para “agilizar los trámites”.
Las alertas Registrales y Catastrales que solicita el IRCNL obligatoriamente a los Notarios para realizar una operación inmobiliaria se han convertido en un tema recaudatorio, según fedatarios entrevistados que prefirieron el anonimato.
Hasta hace unos meses, indicaron, el IRCNL permitía que se ingresaran avisos pre preventivos con tan sólo mostrar la precaptura de que se inició el trámite de las alertas relacionadas con la propiedad.
Esto, para agilizar las operaciones y que no se tuviera que esperar a que estas alertas estuvieran activadas.
Ahora, dijeron, el IRCNL, cuyo director es José María Urrutia, pide que las alertas estén activas para poder iniciar la operación.
“Esto tarda de 2 a 3 semanas, lo que genera que las operaciones se retrasen”, señaló una de las fuentes.
Aseguraron que personal del IRCNL pide “moches” a brókers inmobiliarios para que los trámites salgan más rápido.
“Si tengo que ingresar 200 trámites, tendría que pagar (al IRCNL) alrededor de 200 mil pesos para que salgan más rápido. Sería una locura”, mencionó.
Otro entrevistado acusó que la medida implementada por el IRCNL es selectiva y están bloqueando a ciertas Notarías.
También mencionaron que en los últimos meses ha habido despidos de empleados del IRCNL.
La alerta inmobiliaria consiste en dar de alta inmuebles en el Instituto para que los propietarios reciban un aviso electrónico si se detectan movimientos inusuales en la propiedad.
Rechazan acusaciones José María Urrutia, director del IRCNL, aseguró que los tiempos que la dependencia maneja para liberar una alerta es de tres días hábiles, y rechazó señalamientos sobre “moches” para agilizar trámites.
Sin embargo, fuentes señalaron que tardan hasta tres semanas y que empleados piden pagos para destrabarlas.
“No hemos tenido ningún tipo de conocimiento de eso y, pues bueno, (quisiera) invitarlos a denunciar”, expresó Urrutia.
Reconoció que los gestores inmobiliarios pueden pedir dinero para agilizar trámites, pero negó que el dinero sea recibido por personal del IRCNL.




