- Esta actualización responde a la exigencia de fortalecer el Estado de Derecho en delitos de alto impacto como el abuso sexual y el robo con violencia.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- El Pleno del Congreso estatal aprobó reformas a los artículos 58 y 164 del Código Penal de Quintana Roo para incrementar las sanciones por delitos en grado de tentativa y restringir las liberaciones anticipadas.
La medida busca garantizar que agresores de delitos graves, como el feminicidio y homicidio calificado, no obtengan sentencias menores.
La diputada Paola Moreno Córdova, presidenta de la Comisión de Justicia, e impulsora de la iniciativa, explicó que la reforma cierra vacíos legales que permitían penas de sólo uno o dos años de prisión en casos donde el crimen no se consumó por causas ajenas al victimario.
Con la modificación al artículo 58, se establece que la sanción mínima para un delito en grado de tentativa será de las dos terceras partes de la pena base o mínima, cuando los delitos se consuman.
La legisladora puso como ejemplo el caso específico del feminicidio, cuya penalidad vigente es de 25 a 50 años, y aplicando la fórmula de dos terceras partes, sobre la pena base, ahora la sentencia mínima será de 16 años de prisión.
Anteriormente, la ambigüedad en el cálculo permitía criterios que facilitaban la pronta liberación de los agresores bajo penas prácticamente simbólicas.
“La intención es que exista una correspondencia real entre el delito que se intentó cometer y la sanción que se impone”, puntualizó Moreno Córdova desde la Tribuna del Congreso de Quintana Roo.
La reforma al artículo 164 limita los beneficios de reducción de condena para combatir la reincidencia delictiva. A partir de su entrada en vigor, estos beneficios únicamente se otorgarán si se cumplen dos condiciones simultáneas
La primera, que el sentenciado sea primo delincuente, es decir, quien comete un delito por primera vez; y que el delito en cuestión no se haya cometido con violencia.
La diputada destacó que el proyecto incluyó mesas de trabajo con la Fiscalía General del Estado (FGE) para asegurar su viabilidad técnica en los procesos judiciales.
Esta actualización del marco legal estatal responde a la exigencia de fortalecer el Estado de Derecho también en delitos de alto impacto como el abuso sexual y el robo con violencia, buscando que la tentativa sea castigada con un rigor proporcional al daño que se pretendía causar a las víctimas.
Añadió que se busca cerrar el paso a la impunidad de los delincuentes que fallan en su intento por cometer ilícito en Quintana Roo.
