Zósimo Camacho
La Fiscalía General de la República (FGR) giró citatorios a cuatro magistrados del Tribunal Superior Agrario (TSA) para que acudan en calidad de imputados a diligencias ministeriales entre el 20 y el 23 de abril de 2026. En caso de incomparecencia, les advierte, les aplicará medidas de apremio que incluyen multa, arresto y uso de la fuerza pública para presentarlos.
Entre las probables irregularidades se encuentran la emisión de resoluciones contrarias al derecho para despojar de tierras a un ejido. Los presuntos beneficiarios son el banco Scotiabank, grandes empresarios y el gobierno de Nuevo León.
De acuerdo con los documentos oficiales –de los cuales Luces del Siglo posee copia–, la carpeta de investigación asignada es la FED/NL/ESC/0000893/2025. Los oficios de notificación llevan los números ESC-EIL-BIV-C7-480/2026, 479/2026, 478/2026 y 476/2026, todos emitidos el 13 de abril de 2026 por la titular de la célula B-IV-7 de la FGR con sede en General Escobedo, Nuevo León, Rosa Hilda González Santiago.
Los cuatro servidores públicos citados son magistrados del Tribunal Superior Agrario. Se trata de Maribel Concepción Méndez de Lara, quien deberá comparecer el lunes 20 de abril a las 11:00 horas; Claudia Dinorah Velázquez González, citada para el miércoles 22 a las 13:00 horas; Carmen Laura López Almaraz, quien debe presentarse el jueves 23 a las 11:00 horas, y Alberto Pérez Gasca, citado para el mismo jueves 23 pero a las 13:00 horas. Todos ellos fueron llamados a comparecer en calidad de “imputados”, según se lee textualmente en los oficios.
No se trata de los únicos funcionarios investigados. En las indagatorias de la FGR también aparecen Juan Carlos Amaya Gallardo, en funciones; Miguel Ángel Cantú Cisneros y Jorge Meza Pérez, ambos jubilados. Los tres, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito con sede en Monterrey, Nuevo León.
Las autoridades ministeriales investigan las maniobras para despojar de tierras al ejido San Nicolás de los Garza en favor del banco trasnacional de origen canadiense Scotiabank, grandes empresarios y el gobierno de Nuevo León. Es decir, la FGR encontró elementos de valor en las denuncias que desde hace años ha venido realizando el núcleo agrario y cuyo Comisariado Ejidal hoy está integrado por mujeres: Petra Ortega Morales, presidenta; Cassandra Guadalupe Montoya Marín, secretaria, y Gloria Nelly Sauceda González, tesorera.
Bajo la lupa de la FGR se encuentran múltiples resoluciones probablemente contrarias a la Constitución y a la Ley Agraria impulsadas por la magistrada Méndez de Lara, incluyendo votos particulares en los que expresamente buscó que al ejido no se le reconocieran 222 hectáreas pendientes de entrega.
En la probable conducta sistemática de Méndez de Lara contra el ejido destaca que, en los expedientes de revisión agraria 701/2018-20 y 702/2018-20, revocó una sentencia favorable al núcleo agrario y también emitió un voto particular para que tampoco se le entregaran las tierras faltantes.
Posteriormente, en los juicios de amparo 107/2020 y 141/2021, resueltos por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito en Monterrey, los magistrados Juan Carlos Amaya Gallardo, Miguel Ángel Cantú Cisneros y Jorge Meza Pérez negaron la violación a las normas constitucionales y a los conceptos básicos de nulidad de pleno derecho, repitiendo los mismos argumentos falaces de que “el ejido había consentido la violación a su derecho constitucional de propiedad agraria”. Estas resoluciones beneficiaron al gobierno del Estado de Nuevo León, a Scotiabank Inverlat y a los empresarios afines al gobierno estatal.
En el recurso de revisión agraria 449/2018-20, la magistrada Maribel Méndez de Lara intentó revocar la restitución de tierras por actos simulados del gobierno de Nuevo León. El ejido promovió el juicio de amparo 91/2019 ante el Juzgado Primero de Distrito. Y en ejecutoria de la revisión de amparo 403/2019, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito ordenó dejar insubsistente la revocación y confirmar la sentencia del Tribunal Unitario Agrario.
Sin embargo, Méndez de Lara y Alberto Pérez Gasca intentaron violar la ejecutoria y reponer indebidamente el procedimiento, lo que ellos mismos escribieron en su voto particular conjunto. La restitución de tierras permanece en suspensión porque nuevamente Juan Carlos Amaya Gallardo otorgó ilegalmente la suspensión a favor del gobierno de Nuevo León.
En el recurso de revisión agraria RA 723/2018-20, la magistrada Méndez de Lara revocó la sentencia del Tribunal Unitario Agrario que ordenaba la restitución de aguas del ejido otorgadas por Resolución Presidencial Dotatoria de Aguas. Argumentó falsamente que el ejido no tiene titularidad de los derechos al agua y que debe tratarse como una concesión.
Además, en el juicio de amparo AD 299/2019, los mismos magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito (Amaya Gallardo, Cantú Cisneros y Meza Pérez) no pudieron validar esa aberración jurídica y obligaron a Méndez de Lara a dejar insubsistente ese criterio. Pero ella volvió a denegar la restitución del agua con el pretexto de que “no se acreditó la desposesión”, cuando el propio demandado, el Sistema de Agua y Drenaje de Monterrey, confesó expresamente en el juicio agrario que no había entregado el agua desde 1995 hasta 2015.
Por ello se promovió el nuevo juicio de amparo directo AD 57/2023, aún pendiente de resolverse ante el mismo Tercer Tribunal Colegiado, en el que se pidió que se excuse el magistrado Juan Carlos Amaya Gallardo por estar denunciado en los expedientes relativos a la restitución de tierras.
El 18 de marzo pasado las representantes ejidales acudieron a Palacio Nacional en manifestación y denuncia pacífica. Por instrucciones de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, fueron atendidas y lograron dar continuidad a la ejecución de la resolución presidencial. Contra dicha ejecución y entrega de tierras, ahora se presentó una veintena de juicios de amparo indirecto ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa del Cuarto Circuito en Monterrey, bajo los números 707/2025 y acumulados.
En estos juicios, los banqueros y empresarios, sin tener documentos, pretenden que se les valide la ilicitud e ilegalidad de posesión de las tierras, como lo han hecho el Tribunal Superior Agrario y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa. Y con ello, obligar a la presidenta a que pague las tierras al ejido mientras ellos se quedan con ellas, una especie de “Fobaproa agrario”, como llaman los campesinos a este ardid.
Cabe destacar que en todo este trance, los ejidatarios y su comisariado –hoy encabezado por mujeres– han recibido amenazas de personas desconocidas y han sido objeto de acciones de amedrentamiento.
Hay ciertas verdades que duelen más por la investidura de quienes las protagonizan que por los hechos mismos. Cuando un campesino es despojado de su tierra, duele. Pero cuando ese despojo viene rubricado por la firma de un magistrado o magistrada, lo que duele no sólo es la pérdida material, sino la certeza de que la institución llamada a proteger al más débil se ha convertido en su verdugo.
Más que 222 hectáreas, lo que está en juego es la credibilidad de la justicia agraria en México. ¿Un magistrado puede ignorar el Artículo 27 constitucional, emitir resoluciones contrarias al derecho, violar ejecutorias y maniobrar para favorecer intereses privados a costa de la propiedad social de la tierra sin consecuencia alguna? Eso está por verse. En su defensa de amigos banqueros y empresarios, probablemente una magistrada ha ido muy lejos.
El pueblo de San Nicolás de los Garza no pide caridad. Pide justicia. Pide que se aplique la ley. La que está escrita. La que ordena que las resoluciones presidenciales se cumplen y que el despojo debe ser castigado. El mensaje, por fin, debe ser claro: quienes desde los tribunales agrarios hacen negocios con la justicia no merecen seguir en sus cargos.
