Miden fuerzas en INE por actos anticipados

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  • Los consejeros del INE nuevamente exhibirán su división: cada bloque presentará una propuesta para regular los procesos internos de los partidos.
STAFF / AR

CIUDAD DE MÉXICO.- Los consejeros del INE nuevamente exhibirán su división: cada bloque presentará una propuesta para regular los procesos internos de los partidos para definir sus candidaturas rumbo a la elección federal y local de 2027.

Ambos proyectos coinciden en que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe poner lupa a la propaganda y financiamiento de quienes aspiran a una candidatura. Sin embargo, una se enfoca a todos los diputados federales y locales, y la otra sólo a las gubernaturas.

Desde marzo, el consejero Arturo Castillo presentó a sus compañeros su proyecto de lineamientos, pero la mayoría mostró resistencia, por lo que decidió llevarlo directamente a la sesión para abrir el debate.

Ante esto, el consejero Jorge Montaño, del bloque de Guadalupe Taddei, presentará otra iniciativa, en la que plantea sólo regular los procesos de los partidos para definir las candidaturas a 17 gubernaturas.

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Aunque compiten por un cargo de elección, la propuesta de Montaño afirma que en su propaganda o proselitismo está prohibido “obtener el respaldo para la postulación de precandidaturas o candidaturas”.

Tendrán prohibida la entrega de cualquier material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio.

La propaganda no podrá colocarse o pintarse en el equipamiento urbano, carretero o ferroviario o en edificios públicos.

Diez días después de concluir el proceso, el partido debe retirar dicha promoción, de no hacerlo, el INE o los OPLES podrán quitarlo, pero se restará del financiamiento público.

Las dirigencias nacionales deberán informar al INE la metodología y costos de sus encuestas, además de fijar un tope de gastos.

Incluso, plantea que los particulares puedan aportar hasta 3 millones 304 mil 893 pesos, y los militantes hasta 826 mil 223 pesos.

Sin embargo, estará prohibido que reciban recursos los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de la federación y los estados. Tampoco de Ayuntamientos. Mientras que los funcionarios de ningún nivel podrán hacer promoción.

Se afirma que el INE se hará cargo de la fiscalización, pero no detalla si deberán entregar algún informe.

La propuesta del consejero Castillo establece prácticamente lo mismo, tanto en aportaciones como en restricciones.

En materia de radio y televisión, el proyecto advierte que los partidos no podrán usar sus tiempos oficiales para promover estos procedimientos internos; los mensajes deberán ser genéricos y no podrán “sobreexponer” a los perfiles involucrados.

Asimismo, se ordena a los servidores públicos abstenerse de participar y evitar el uso de recursos públicos, incluyendo la prohibición de nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de algún funcionario.

Por su parte, la Unidad de Fiscalización deberá implementar un procedimiento “ad hoc” para vigilar el origen del dinero empleado.

Con la nueva conformación del Consejo General del INE, Taddei es respaldada por siete consejeros, y los otros cuatro se mantienen en un bloque opositor.

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