Por KUKULKÁN
AHORA SÍ que a los próximos jueces, magistrados y ministros del país les toca lo que a muchos influencers les cuesta años de práctica: volverse virales sin presupuesto, sin escándalos y, por si fuera poco, sin poder opinar. Este domingo 30 de marzo arrancó el esperpéntico proceso electoral en el que 3,422 aspirantes competirán por 881 cargos en el Poder Judicial Federal, y la cereza del pastel es que por primera vez en la historia de México, los ciudadanos elegirán por voto popular a quienes se supone deben ser la encarnación viva de la imparcialidad, la sobriedad y la discreción. Pero ahora, esos mismos perfiles técnicos y blindados del bullicio público tendrán que convertirse en estrategas de redes sociales, community managers de sí mismos y, por qué no, hasta tiktokers si quieren arañar uno que otro voto.
DESDE su infinita creatividad, el Instituto Nacional Electoral ha lanzado un conjunto de reglas que más parecen reto de “¿Quién quiere ser juez sin derechos?” que una contienda democrática seria. De entrada, los candidatos no pueden recibir ni un centavo de financiamiento público. Tampoco pueden organizar actos masivos ni contratar publicidad en medios, ni siquiera pagar por encuestas que les digan si los conocen más que al vecino. Todo debe hacerse con ingenio casero: un live en Instagram por aquí, un hilo reflexivo en X (antes Twitter) por allá, y si les da tiempo entre resoluciones judiciales, un Reels que no infrinja ninguna norma electoral ni parezca que están a favor de nadie.
LAS REGLAS del juego también les prohíben expresarse políticamente. No pueden apoyar ni criticar a partidos, candidatos ni propuestas. ¿Quieren hablar del estado de derecho? Cuidado, no vaya a sonar a campaña. ¿Quieren opinar sobre el sistema judicial? Mejor no, no sea que alguien lo interprete como una indirecta. La consigna es clara: hagan campaña sin hacer campaña, comuniquen sin parecer parciales, y conquisten al electorado sin que se note que quieren ser electos. Y mientras se las ingenian para volverse virales sin mover un peso y sin abrir la boca más de la cuenta, el reloj corre: tienen sólo 60 días para lograrlo. El 1 de junio se sabrá si sus videos de fondo blanco y voz bajita lograron capturar la atención de un electorado que, por cierto, probablemente ni se entere de que tiene que votar por jueces. Las estimaciones de participación oscilan entre el 8% y el 15% del padrón de 99 millones. O sea, ni sus mamás los van a buscar en la boleta.
LO IRÓNICO del asunto es que estos aspirantes a la cúpula judicial tienen que ser, más que juristas, expertos en comunicación política. Ya no basta con conocer la ley, ahora hay que saber manejar el algoritmo de TikTok, la segmentación de Facebook y hasta el humor sutil del shitposting. Porque eso sí, de emitir opiniones públicas que alteren la equidad de la contienda, ni hablar. El chiste es hacerse notar sin parecer que se quieren hacer notar, ser virales sin parecer desesperados, y convencer sin hablar de política, que es como querer ganar MasterChef sin probar la comida.
Y SI ALGUNO se atreve a cruzar la línea, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales le tiene lista la chancla institucional: amonestaciones, sanciones administrativas y hasta la posible eliminación de su candidatura. En resumen, esta elección histórica parece más un reality show de habilidades blandas que una evaluación de capacidades jurídicas. Y lo peor es que, cuando todo esto termine, es probable que tengamos jueces que no sabemos quiénes son, elegidos por una minoría silenciosa, y que llegaron ahí no por su conocimiento del derecho, sino porque su sobrino les enseñó a usar Canva. Bienvenidos a la justicia 2.0: la que se gana a pulso en likes, no en sentencias.
