- Para muchos en México ir al hospital público es una ruleta rusa.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- Para muchos en México ir al hospital público es una ruleta rusa. Se entra con la esperanza de sanar, pero no son pocos los que salen con heridas más profundas, no siempre físicas, sino también morales, causadas por un sistema de salud que parece más entrenado para evadir responsabilidades que para salvar vidas.
En los últimos 27 años, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico ha recibido más de 32 mil quejas. Solo en 2020 se registraron más de 28 mil asuntos médicos, y aunque menos del 10% derivaron de denuncias por negligencia, los especialistas coinciden en que el verdadero número está muy lejos de las cifras oficiales
Se estima que el 80% de los casos de negligencia médica jamás se denuncian. ¿Por qué? Por miedo, por burocracia, por desinformación, por impotencia. Porque enfrentarse al Estado es como gritar en el desierto: nadie escucha y, si escuchan, nadie responde.
En ese desierto de indiferencia aparecela voz de la senadora priista Anabell Ávalos Zempoalteca, quien presentó una iniciativa para que el Estado no solo indemnice por los daños físicos derivados de negligencia médica, sino también por el daño moral. Porque no es lo mismo perder una pierna que perder la confianza, no es lo mismo sobrevivir al error médico que sobrevivir al sistema que niega el dolor.
Ávalos relató desde tribuna el caso de Marta Alicia y su nieta, quienes perdieron a su hija y madre, respectivamente, por errores médicos en el IMSS. El gobierno ofreció una compensación única, como si una sola vida valiera por dos dolientes.
El absurdo legal convertido en protocolo institucional.
Los datos son igual de elocuentes que las historias: en 2023, el 89.2% de los dictámenes por negligencia médica involucraron a hospitales públicos. Las especialidades más señaladas: obstetricia, ginecología y cirugía general. Las más vinculadas a la vida y la muerte.
Pero lo que más duele no es el número, sino la frialdad con que se tratan los casos. Apenas 37 al año llegan a la justicia. Un promedio ínfimo en un país con más de 120 millones de personas.
Por eso la propuesta de la senadora tlaxcalteca es tan relevante: plantea la necesidad de una reparación integral. No se trata de convertir al Estado en enemigo, sino de recordarle que no puede ser juez y parte, ni prestador de servicios negligentes y a la vez árbitro de sus propias fallas.
En un país donde las víctimas son doblemente lastimadas —primero por el error médico y después por la indiferencia institucional—, hablar de daño moral no es una ocurrencia legislativa, es una deuda ética. Y quizá sea hora de comenzar a pagarla.
