- El Comité de Participación Ciudadana (CPCQ) del Sistema Estatal Anticorrupción requiere un replanteamiento profundo en su operatividad y la renovación de sus perfiles.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- El Comité de Participación Ciudadana (CPCQ) del Sistema Estatal Anticorrupción requiere un replanteamiento profundo en su operatividad y la renovación de sus perfiles.
Esto, ante la carencia de avances sustanciales en el combate a la corrupción en la entidad, afirmó Raúl Cázares Urbán, ex presidente de ese organismo.
El actual vicepresidente de Asuntos Fiscales de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) local, calificó como “impropios e inadecuados” algunos de los perfiles que han integrado el Comité en periodos recientes.
Señaló que el acceso de personas sin antecedentes en el activismo ciudadano ni méritos probados en la materia ha debilitado la legitimidad y eficacia de la institución.
De acuerdo con el especialista, la falta de resultados del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo responde a la llegada de integrantes sin trayectoria civil o profesional específica en fiscalización y transparencia.
Y si bien el CPC tiene la facultad de proponer políticas públicas, Cázares Urbán explicó que su ejecución depende directamente de la voluntad de los tres órdenes de gobierno, lo cual ha frenado la efectividad del sistema.
A pesar del panorama, el ex comisionado se pronunció en contra de la desaparición del organismo, advirtiendo que su eliminación representaría un retroceso en los contrapesos democráticos.
En su lugar, instó a una pronta reconfiguración que endurezca los requisitos de selección para garantizar una verdadera representación ciudadana.
Estas consideraciones coinciden con una iniciativa de reforma a la Ley Estatal Anticorrupción presentada ante la Legislatura local, que busca formalizar el control sobre el CPCQ.
En la mencionada propuesta legislativa que se analiza en comisiones, se propone eliminar las prestaciones y aguinaldos de los integrantes, limitando su percepción únicamente al sueldo base de un secretario de gabinete, unos 78 mil pesos, menor a los 113 mil pesos mensuales que actualmente ganan, bajo un esquema de prestación de servicios profesionales.
Los integrantes del Comité estarían obligados a entregar reportes individuales de actividades mensuales, mismos que deberán ser publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia.
La propuesta contempla también la remoción de integrantes por incumplimiento de labores, la obligación de sesionar mensualmente y el establecimiento de oficinas físicas en Chetumal para atención directa al público.
