- Las mujeres en prisión enfrentan una triple exclusión: por género, condición social y origen étnico, coinciden ministros y especialistas durante la presentación del libro ‘Género y privación de la libertad en México. Tendencias y propuestas’ en la SCJN.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- En México, las mujeres privadas de la libertad representan una minoría dentro del sistema penitenciario, pero su situación refleja con mayor crudeza las fallas estructurales de la justicia. De las más de 236 mil personas en prisión, apenas alrededor de 14 mil son mujeres, es decir, menos del 6%. Sin embargo, detrás de esa cifra reducida se esconde una realidad compleja: casi la mitad de ellas no cuenta con una sentencia definitiva y muchas enfrentan condiciones que no responden a sus necesidades específicas.
En este contexto, la presentación del libro “Género y privación de la libertad en México. Tendencias y propuestas” en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), coloca el tema en el centro del debate jurídico y social. La obra no solo analiza normas y estándares internacionales, sino que recoge testimonios directos de mujeres que han vivido la reclusión, aportando una dimensión humana que suele quedar fuera de las estadísticas.
CIFRAS QUE EXPLICAN EL PROBLEMA
El ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía fue directo al señalar una de las principales fallas del sistema: la ausencia de una perspectiva de género. “No podemos ni debemos quedarnos con ideas comunes si verdaderamente estamos comprometidos en construir una sociedad más humana, más equitativa y empática”, afirmó, al advertir que las mujeres en prisión no son un grupo homogéneo, sino una población diversa cuyas historias suelen ser invisibilizadas.
El diagnóstico es contundente. En México se generan dinámicas de encarcelamiento que afectan de manera diferenciada a las mujeres: 46% de las mujeres privadas de la libertad no tienen sentencia, lo que evidencia el uso extendido de la prisión preventiva; en el ámbito federal, muchas están vinculadas a delitos contra la salud (narcotráfico), que representan la principal causa de ingreso; una proporción significativa participa en roles de bajo nivel dentro de redes criminales, frecuentemente en contextos de vulnerabilidad económica.
A esto se suman condiciones estructurales: centros penitenciarios diseñados para hombres, falta de servicios con enfoque de género y la presencia de mujeres que viven con sus hijos dentro de prisión, lo que amplía el impacto social del problema.
DEL ANÁLISIS A LA EXPERIENCIA VIVIDA
El valor del libro presentado en la Corte radica precisamente en romper con la mirada abstracta. Como destacó el ministro Figueroa, la obra “recoge las voces de mujeres que están o estuvieron privadas de la libertad y las convierte en información”, integrando historias reales con datos que permiten dimensionar el fenómeno más allá de lo jurídico.
Se trata de un enfoque que, en palabras de los participantes, busca evidenciar que las decisiones judiciales no ocurren en el vacío, sino en contextos sociales marcados por desigualdad, violencia y exclusión.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa reforzó esta idea al subrayar que el libro ofrece un análisis riguroso sobre temas sensibles, especialmente en lo que respecta a las condiciones de vida y el respeto a los derechos humanos dentro de los centros penitenciarios. Consideró que su lectura es indispensable no solo para juristas, sino para todos los actores del sistema, con el fin de impulsar cambios reales en favor de la dignidad de las mujeres privadas de la libertad.
El problema, sin embargo, no se limita al interior de las cárceles. Especialistas coinciden en que el sistema penal reproduce desigualdades preexistentes. En entidades con alta marginación, como señaló el rector de la UNACH, Oswaldo Chacón Rojas, las mujeres —particularmente indígenas— enfrentan una triple exclusión: por género, condición social y origen étnico.
Esto explica por qué muchas mujeres llegan a prisión tras trayectorias marcadas por la precariedad, la violencia o la falta de acceso a oportunidades. En ese sentido, el encarcelamiento no solo castiga un delito, sino que profundiza condiciones de vulnerabilidad.
EL DESAFÍO: MENOS CÁRCEL, MÁS JUSTICIA
Entre las principales propuestas que se desprenden de la obra destacan tres líneas de acción: reducir el uso del encarcelamiento femenino, especialmente en delitos no violentos; incorporar una perspectiva de género en todo el sistema penal; y fortalecer el vínculo entre academia e instituciones para generar políticas públicas más efectivas.
Estas recomendaciones apuntan a un cambio de fondo: pasar de un modelo punitivo a uno que entienda las causas sociales del delito y promueva soluciones integrales.
MÁS ALLÁ DE LAS CIFRAS
Si bien los números ayudan a dimensionar el fenómeno, el debate abierto en la Suprema Corte revela algo más profundo: la necesidad de replantear cómo se entiende la justicia cuando se trata de mujeres.
La ministra Esquivel lo resumió en un llamado claro: visibilizar las condiciones en las que viven las mujeres en prisión es el primer paso para transformar un sistema que, hasta ahora, ha sido insuficiente para garantizar sus derechos.
El reto es mayúsculo. No se trata solo de mejorar condiciones dentro de los centros penitenciarios, sino de cuestionar las bases de un sistema que, pese a su carácter universal, sigue operando con parámetros que no consideran las diferencias de género.
