- Durante el sexto encuentro ‘Diálogo entre Justicias’ se destacó la necesidad de establecer mecanismos formales de coordinación entre autoridades judiciales y comunitarias, con el objetivo de evitar que las resoluciones indígenas sean ignoradas o invalidadas por el sistema estatal.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
IXMIQUILPAN, HGO.— A seis encuentros de distancia, el proyecto “Diálogos entre Justicias” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comienza a perfilar una transformación estructural: empatar la justicia estatal con los sistemas normativos indígenas en México.
El más reciente encuentro, realizado este 25 de abril en Ixmiquilpan, reunió a autoridades Hñähñu y Nahua, juzgadores federales y representantes de alrededor de 75 comunidades, además de instituciones como el Instituto Federal de Defensoría Pública, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Tribunal Superior de Justicia estatal y la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, consolidando una agenda que ya no se limita al diagnóstico, sino que avanza hacia mecanismos concretos de coordinación.
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz fue claro en el eje del proyecto: reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, no sólo como destinatarios de políticas públicas. El planteamiento central ya no se limita al reconocimiento cultural, sino que apunta a incorporar de manera efectiva los sistemas de justicia comunitaria dentro del marco jurídico nacional.
A lo largo de la jornada se desarrollaron mesas de trabajo y una sesión plenaria en las que se abordaron aspectos clave como la organización interna de los sistemas comunitarios, sus procedimientos, las barreras que enfrentan para su reconocimiento institucional y la participación de las mujeres en la impartición de justicia. De estos intercambios surgieron líneas de acción que reflejan una evolución respecto a los primeros encuentros.
Entre los principales acuerdos destaca la necesidad de establecer mecanismos formales de coordinación entre autoridades judiciales y comunitarias, con el objetivo de evitar que las resoluciones indígenas sean ignoradas o invalidadas por el sistema estatal. También se reconoció la existencia de obstáculos estructurales, como el desconocimiento de los sistemas normativos indígenas por parte de operadores de justicia, las barreras lingüísticas y la falta de marcos legales claros que permitan su articulación.
Otro de los avances que se mencionaron como relevantes fue la incorporación del tema de género, al abrir la discusión sobre la participación de mujeres indígenas en los sistemas de justicia comunitaria, lo que introduce una dimensión de derechos humanos en el proceso de armonización jurídica.
En el encuentro también se reafirmó uno de los principios rectores del proyecto: la necesidad de construir una justicia en territorio. La presencia directa de ministros, jueces y autoridades en comunidades indígenas busca reducir la distancia histórica entre el Poder Judicial y los pueblos originarios, y generar un diálogo más horizontal.
Este sexto diálogo se inserta en una ruta progresiva iniciada en 2025. El primer encuentro, realizado en Oaxaca, se centró en el reconocimiento del desconocimiento institucional sobre los sistemas indígenas y sentó las bases para abrir espacios de escucha. Posteriormente, en Nayarit y Jalisco, se identificaron problemas estructurales como la falta de validez legal de las decisiones comunitarias, con la participación de 20 comunidades y 139 asistentes.
En Puebla, a inicios de 2026, el enfoque se desplazó hacia el acceso a la justicia, introduciendo el concepto de una justicia incluyente y cercana a las comunidades. Más adelante, en un nuevo encuentro en Oaxaca, se avanzó en la discusión sobre el reconocimiento formal de la jurisdicción indígena y el fortalecimiento del pluralismo jurídico como eje del sistema.
El quinto formó parte de la consolidación del modelo, profundizando en la necesidad de mantener estos espacios de manera permanente y avanzar en la coordinación institucional.
Con seis encuentros realizados, una participación constante de más de 100 autoridades indígenas por evento y la integración de múltiples instituciones del ámbito judicial y de derechos humanos, el proyecto comienza a transitar de la etapa de diagnóstico hacia la implementación, coincidieron los participantes.
El reto, sin embargo, permanece abierto. La construcción de un sistema que articule la justicia estatal con la indígena plantea desafíos jurídicos y políticos, particularmente en la definición de competencias y en la garantía de derechos dentro de contextos culturales diversos.
