POR KUKULKAN
EN MÉXICO tenemos una relación peculiar con el gasto público. Si el gobierno no capacita a su personal, nos quejamos de la ineficiencia. Si decide capacitarlo, nos indignamos por el costo. Y si además descubrimos que entre los cursos aparece algo llamado LEGO Serious Play, entonces la conversación deja de ser administrativa para convertirse en espectáculo nacional.
LA RECIENTE revelación de que la SEP destinó más de 15 millones de pesos a programas de capacitación provocó exactamente eso. Las redes sociales hicieron lo suyo. Los memes aparecieron antes que los análisis. Y el debate terminó reducido a una pregunta tan simple como engañosa: ¿cómo es posible gastar millones en jugar con bloques de plástico?
PERO quizá la pregunta correcta debería ser otra. ¿Valen la pena esos 15 millones? Porque al final, cualquier inversión pública debería medirse con una lógica elemental: costo-beneficio. El problema es que en México solemos discutir mucho el costo y casi nunca exigimos el beneficio. Sabemos cuánto se gastó. Lo que no sabemos es qué se espera obtener.
SI SE BUSCA con la capacitación mejorar la coordinación entre áreas, agilizar procesos administrativos, reducir errores o elevar la calidad de atención al ciudadano, entonces la inversión tendría sentido. Incluso podría resultar barata. Pensemos por un momento en la magnitud de la SEP. Miles de trabajadores, cientos de procesos y una estructura burocrática que mueve decisiones que afectan a millones de estudiantes.
SI UNA MEJOR capacitación logra reducir tiempos de respuesta, evitar duplicidades o mejorar la gestión interna, los beneficios podrían superar ampliamente la inversión inicial. El problema es que esa parte rara vez se explica. En México tenemos una vieja costumbre burocrática: medir el éxito por la realización del evento y no por sus resultados. Se presume cuántos cursos se impartieron. Cuántos asistentes acudieron. Cuántos diplomas se entregaron. Cuántas horas de capacitación se acumularon.
LO CIERTO es que casi nunca se informa qué cambió después. ¿Los participantes mejoraron su desempeño? ¿Los procesos se volvieron más eficientes? ¿Los ciudadanos recibieron mejores servicios? ¿Se ahorró dinero público posteriormente? Justo ahí es donde normalmente comienza el silencio. Y es precisamente por ese silencio que la ciudadanía reacciona con escepticismo. No porque la capacitación sea mala. Sino porque demasiadas veces los cursos gubernamentales terminan convirtiéndose en turismo de oficina con café incluido.
NO DEBERÍA juzgarse a la capacitación pública por su nombre, sino por sus resultados. Da igual si se llama LEGO Serious Play, liderazgo colaborativo, inteligencia emocional o gestión estratégica. Lo relevante es saber si genera cambios medibles, ya que si después de gastar 15 millones los mismos problemas permanecen intactos, entonces no importa si utilizaron bloques de colores, pizarrones digitales o pergaminos medievales: el dinero habrá sido desperdiciado.
AUNQUE si los indicadores mejoran, si los procesos funcionan mejor y si los ciudadanos reciben una mejor atención, entonces la discusión cambia por completo. Paradójicamente, el escándalo no está en el curso. El escándalo está en la ausencia de métricas públicas para evaluar su impacto. Los mexicanos ya no deberían conformarse con escuchar cuánto se gastó. La verdadera exigencia tendría que ser conocer qué se obtuvo.
ENTRE el despilfarro y la inversión existe una diferencia fundamental. El despilfarro termina cuando se firma el cheque. La inversión comienza cuando aparecen los resultados. Y ahí está el reto para la SEP. No defender la metodología. No justificar los ladrillitos. No explicar por qué eligieron tal o cual proveedor. Lo verdaderamente importante será demostrar que esos 15 millones produjeron algo más que fotografías de clausura y diplomas enmarcados.
SI DENTRO de un año la institución funciona mejor, la polémica habrá sido exagerada. Pero si nada cambió, entonces los mexicanos tendrán derecho a preguntarse si construyeron capacidades institucionales… o simplemente un castillo de LEGO demasiado caro para el presupuesto público. Y como suele ocurrir en el servicio público mexicano, la respuesta no estará en el discurso. Estará en los resultados. O en la ausencia de ellos.
