Zósimo Camacho
El normalismo rural en México es una herida histórica que no termina de cerrar. Lo que hoy ocurre en la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán”, en Teteles, Puebla, es el capítulo más reciente de una guerra de larga data contra un modelo educativo que, por su esencia, resulta incómodo para el poder. Los gobiernos, sean del signo que sean, han visto con recelo a las normales rurales, con la excepción del de Lázaro Cárdenas del Río, quien impulsó la educación socialista en el país. La 4T, que prometió proteger a estas escuelas, ha fallado en el intento… si es que lo hubo.
En México subsisten apenas 17 escuelas adscritas al normalismo rural: 15 Normales Rurales, una Normal Indígena y un Centro Regional de Educación Normal. Son el hogar de 6 mil 122 estudiantes que se organizan en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), el organismo estudiantil decano del país fundado en 1935.
El modelo educativo del normalismo rural surgió directamente de la Revolución Mexicana. Implica internado, comedor y autogobierno. Y se rige por cinco ejes fundamentales: el académico, el productivo, el deportivo, el cultural y el político. Este último, el más incómodo para el establishment, implica el estudio del marxismo-leninismo y el activismo. Forma a los estudiantes no sólo como docentes, sino como agentes de cambio con “conciencia de clase”, capaces de alfabetizar en las regiones más depauperadas del país: pobres que van a educar a pobres. Por eso, el Estado históricamente los ha perseguido.
La historia de la FECSM está escrita con sangre. Los archivos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), hoy resguardados en el Archivo General de la Nación, son la prueba fehaciente de ello. Un total de 10 mil 3 fojas organizadas en 31 legajos narra el espionaje, la infiltración y la represión durante la Guerra Sucia y el Terrorismo de Estado. De las 37 normales que llegaron a existir, la persecución redujo su número a las 17 actuales. La FECSM sobrevivió en la clandestinidad y la “semiclandestinidad”, una condición que mantiene hasta hoy, con la utilización de seudónimos, para proteger a sus miembros que ocupan las carteras de su estructura. Sobrevivió también al neoliberalismo. Pero ahora, en el segundo sexenio de la llamada “Cuarta Transformación”, el acoso no ha cesado.
El caso de Teteles es paradigmático. El gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier –un político de larga trayectoria priísta que supo ver hacia dónde soplaba el viento y se pasó a Morena en 2018–, ha desatado una ofensiva frontal contra la Normal Rural “Carmen Serdán”. Armenta, quien fue secretario de Desarrollo Social durante el nefasto gobierno de Mario Marín, coordinador estatal de la campaña de Enrique Peña Nieto y director general del Registro Nacional de Población durante el peñismo, ahora lidera una cruzada para desprestigiar a las estudiantes. Las acusaciones de “novatadas” han servido como cortina de humo para criminalizar una lucha que, en esencia, es por la supervivencia del modelo educativo.
Entre los episodios más graves de esta escalada represiva se cuenta la detención y vinculación a proceso del abogado Alejandro Martínez Martínez, asesor jurídico de las normalistas. El pasado martes primero de septiembre, un juez determinó su vinculación a proceso por el delito de despojo y reiteró la prisión preventiva justificada por tres meses. Martínez es señalado por el secretario de Educación de Puebla, Manuel Viveros, y la directora de la Normal, Brenda Inés Nájera, como el “autor intelectual” de la ocupación de las instalaciones por parte de las alumnas. Es decir, el ejercicio del derecho a la protesta, una ocupación temporal como medida de presión, es equiparado a un delito patrimonial. El Centro de Derechos Humanos José Revueltas ha denunciado violaciones al debido proceso y ha calificado la acción como una medida punitiva desproporcionada. Y es que más que un asunto legal, queda claro que es un asunto político.
Si ese mismo criterio se utilizara contra todos los movimientos estudiantiles, no se hubieran visto, por ejemplo, las dos grandes huelgas de la UNAM que frenaron la privatización de la máxima casa de estudios del país: la del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) de 1986-1987 –movilización en la que, por cierto, participó la actual presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo– y la del Consejo General de Huelga (CGH), de 1999-2000. En ambos casos, las organizaciones estudiantiles ocuparon los planteles como medida de lucha. Y ni siquiera a los entonces gobiernos autoritarios se les ocurrió acusar a los activistas de “despojo”. Pero sí al gobierno de Armenta, adscrito a la 4T. O cabría preguntarle al político cómo gobierna: como priísta de toda la vida o como redimido de la Cuarta Transformación.
El contexto es aún más oscuro. La campaña de desprestigio contra las normalistas se ha intensificado en los medios locales. Columnistas afines al gobierno estatal han celebrado el “rescate” de la Normal para entregarla a las “verdaderas estudiantes”. Es en realidad la estrategia utilizada por décadas para deslegitimar a la FECSM. El gobierno de Armenta, a través de su secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, ha informado de la existencia de 16 denuncias penales contra integrantes del Comité estudiantil.
Este martes, las normalistas fueron retenidas ilegalmente por elementos de las Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata en la caseta de Amozoc, impidiéndoles llegar a la Fiscalía General del Estado para protestar por la detención de su abogado. Posteriormente, al llegar a la Fiscalía, se enfrentaron a un grupo de hombres encapuchados que buscaban intimidarlas. Las alumnas no cayeron en la provocación y se retiraron pacíficamente luego de efectuar un mitin.
Mientras tanto, la promesa incumplida de la 4T de proteger el normalismo rural pesa como una losa. La reforma constitucional que aseguraría el presupuesto y la autonomía de estas escuelas nunca se presentó. El diálogo entre la FECSM y la Secretaría de Educación Pública es inexistente.
Las normales rurales se han mantenido vivas gracias a la movilización constante de sus estudiantes y a la solidaridad de los pueblos. Pero el costo es alto: 250 detenidos (ya liberados), 190 procesos penales, más de 300 heridos y cuatro muertos en contextos represivos sólo en los últimos siete años, como documenta el Centro de Derechos Humanos José Revueltas.
En Teteles, como en Ayotzinapa, el Estado ha mostrado su verdadero rostro. La lucha por el normalismo rural no es una lucha gremial; es la defensa de un proyecto educativo que busca emancipar a los pobres a través de la conciencia crítica. Criminalizar a quienes defienden ese proyecto es lo que hicieron siempre priístas y panistas. Y el gobierno de la 4T, que se dice de izquierda, no sólo lo permite, sino que, al menos a nivel estatal, lo ejecuta.
La desaparición de los 43 estuvo precedida de una campaña de desprestigio contra los normalistas rurales de Ayotzinapa. La actual andanada contra Teteles podría preparar el intento de cierre de la normal o, sin quitarle el nombre, cambiar el modelo educativo.
Si el gobierno federal decide no asomarse y dejar que los gobiernos estatales como el de Puebla tengan éxito en sus embates, en la pedagogía de los movimientos sociales quedará inscrito que el normalismo rural mexicano pudo sobrevivir a la Guerra Sucia, el Terrorismo de Estado y al neoliberalismo… Pero no a los gobiernos “progresistas” de la 4T.
