Por KUKULKÁN
Y DE PRONTO, los jueces descubrieron los derechos humanos. Así como lo leen: los mismos que han batido récords mundiales de impunidad, que han dejado pasar 9 de cada 10 delitos como si fueran moscas en una tarde de verano, ahora decidieron desempolvar el diccionario jurídico internacional y correr —no al juzgado, no a la Suprema Corte, no al Congreso— sino nada más y nada menos que a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). ¿La razón? Una reforma electoral que los obliga a enfrentarse al más temido verdugo: el voto popular.
¡VAYA tragedia judicial! Con la solemnidad de quien ha cargado la justicia en los hombros (o eso creen ellos), un grupo de jueces federales presentó una petición ante la CIDH para denunciar al Estado mexicano por haber aprobado, en septiembre pasado, la reforma judicial que establece que los jueces, magistrados y ministros sean electos por el voto ciudadano. ¡Qué barbaridad! ¡Democracia en el Poder Judicial! ¿Qué será lo próximo? ¿Que rindan cuentas?
LA MISIVA, elaborada con el respaldo del respetable Centro Cyrus R. Vance —porque si no viene de Nueva York, no vale— clama con dramatismo que la reforma es un instrumento de “politización y captura de la judicatura”. Eso sí, los firmantes aclaran que no piden revertir la reforma (ya saben, porque para cuando decidan en Washington ya habrán pasado tres elecciones), sino que se les repare el daño. Sí, así como lo leen. Que se les indemnice por haber sido víctimas del insólito acto de tener que responder al pueblo.
LA CARTA, escrita con tinta de indignación y papel de egos heridos, acusa que sus autores han sido estigmatizados públicamente, deslegitimados y debilitados institucionalmente. Y no es para menos: con cifras que exhiben un 93.6% de impunidad en casos judicializados, y una probabilidad de apenas 0.9% de que un delito denunciado sea resuelto, cualquiera se sentiría ofendido por la crítica ciudadana. ¡Cómo se atreven los mexicanos a dudar de la eficacia de su aparato de justicia!
PERO no todo es oscuridad en el reino de las togas. Algunos jueces aún ejercen con honor y compromiso, eso es cierto. El problema es que, como siempre, el silencio institucional pesa más que los pocos esfuerzos individuales. Mientras tanto, el ciudadano de a pie ve cómo su denuncia se extravía, cómo los culpables salen por la misma puerta que entraron, y cómo la justicia sigue siendo un lujo reservado para unos cuantos.
Y MIENTRAS todo eso ocurre en la vida real, nuestros jueces viven en una dimensión paralela, donde el voto popular es sinónimo de tiranía y la transparencia, una amenaza existencial. Alegan que esta reforma no fortalece la independencia judicial, sino que la socava. Pero callan frente a los jueces con vínculos con el crimen organizado, a las candidaturas impugnadas por tener antecedentes penales, o a la sobrecarga de trabajo que lleva a cada juez a acumular miles de casos sin resolver. Para eso no hubo carta. Ni CIDH. Ni drama.
ES CURIOSA la memoria selectiva. Porque cuando se destituyó a miles de ciudadanos sin acceso a justicia, cuando se revictimizaron mujeres y desaparecidos, cuando se fabricaron culpables o se dejaron libres a criminales, no hubo grito internacional. No hubo reclamos de reparación. Así que sí, que se escuche su voz. Que la CIDH reciba su petición. Que el mundo sepa que en México hay jueces muy sensibles, tan frágiles que se rompen ante la sola idea de una boleta electoral. Y mientras tanto, que el resto del país siga esperando justicia… aunque sea por sorteo.
