- Anuncia Ariadna Montiel que todos los pueblos P’urhépecha recibirán directamente presupuesto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
FELIPE VILLA
PARACHO, MICH.- En lo alto de la meseta michoacana, donde el aire es delgado y el tiempo parece fluir al ritmo de los huaraches sobre tierra roja, las comunidades indígenas del pueblo P’urhépecha siguen resistiendo, viviendo. Son pueblos que se despiertan con el canto del gallo y el crujir de la leña, donde las mujeres aún caminan cargando cántaros y los niños aprenden de la tierra mucho antes que del papel. Lejos de los edificios, del Wi-Fi, de los supermercados y las promesas incumplidas de modernidad, aquí la vida se cose a mano.
En esta geografía apartada, donde la pobreza no es sólo estadística sino rutina, algo está cambiando. Por primera vez en mucho tiempo, la palabra “justicia” no llegó disfrazada de discursos en la televisión, sino en voz directa, cara a cara, desde la Asamblea del Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha, en Paracho. Hasta aquí llegó Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, no con el portafolio cerrado ni las promesas enlatadas, sino con una noticia que hizo vibrar el corazón de las comunidades: todos los pueblos P’urhépecha recibirán directamente presupuesto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
Para quienes viven en ciudades, esa noticia quizá suene técnica o lejana. Pero para las comunidades de Nurio, Cherán, San Felipe de los Herreros o Zacán, significa agua potable, caminos transitables, estufas que no enferman, luz que no arde en la piel de las niñas, baños dignos, techos que no se caen. Significa poder decidir. Significa autonomía.
En un país donde la historia de los pueblos originarios ha sido una sucesión de olvidos institucionales, que ahora se les reconozca como sujetos de derecho público es más que un acto administrativo: es un acto de memoria y de dignidad. “No más tutelas ni intermediarios”, dijo Montiel. Y en esas palabras se escuchó el eco de siglos de exclusión desmontándose, aunque sea un poco.
La comunidad escuchó en silencio, con la dignidad del que sabe esperar pero también exigir. Porque en estas tierras nadie regala nada. Aquí se lucha por cada milpa, por cada lengua que se niega a morir, por cada árbol que no se vende. Por eso el compromiso del gobierno de la Cuarta Transformación de canalizar recursos directos para infraestructura social básica –agua, drenaje, electrificación, caminos rurales– resuena distinto. No como dádiva, sino como el reconocimiento a una deuda histórica.
Y aún más, el convenio firmado para construir estufas ecológicas de leña –un proyecto entre la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Energía y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas– no es una simple política pública. Aquí, donde cada día se cocina con humo que enferma los pulmones, donde el fuego aún es centro del hogar, se trata de una herramienta de vida.
“Venimos aquí a atender las justas demandas de quienes fueron olvidados por siglos”, dijo la secretaria. Y tenía razón. Los P’urhépecha han guardado la historia de México entre sus manos callosas y sus lenguas antiguas. Han sobrevivido a la colonización, al olvido, a la violencia. Su fortaleza es colectiva. Su existencia, un acto político de resistencia.
La justicia, dicen los viejos, llega tarde. Pero cuando llega, se celebra con música de pirekuas y tortillas calientes. Hoy, en los rincones de esta tierra que se aferra a la dignidad, comienza a germinar una nueva semilla. No de modernidad ajena, sino de justicia propia. La tierra, silenciosa, lo agradece.
