- Los diputados locales Saulo Aguilar Bernes y José María ‘Chema’ Chacón Chablé rechazaron la propuesta que busca regular que servidores públicos aparezcan en fotos entregando apoyos sociales a personas en situación de vulnerabilidad.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- Los diputados locales Saulo Aguilar Bernes y José María “Chema” Chacón Chablé rechazaron la propuesta que busca regular que servidores públicos aparezcan en fotos entregando apoyos sociales a personas en situación de vulnerabilidad.
Argumentaron que esta restricción, propuesta originalmente por la diputada María José Osorio Rosas, obstaculizaría el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos destinados a la gestión social.
Aguilar Bernes calificó como un error la intención de prohibir estas publicaciones, al señalar que los legisladores reciben una partida mensual de 40 mil pesos para la gestión social, la cual debe ser comprobada y transparentada bajo el principio de máxima publicidad.
“Tenemos la obligación de gastar ese recurso y comprobar en qué lo estamos gastando; los temas electorales ya están muy regulados y hay criterios claros para distinguir la comunicación institucional de una campaña política”, afirmó.
El legislador añadió que el uso de redes sociales es un ejercicio de comunicación válido para dar a conocer el trabajo parlamentario y territorial, cuestionando si la medida también pretendería limitar la participación de la titular del Ejecutivo en actos públicos de entrega de beneficios.
Por su parte, el diputado Chacón Chablé sostuvo que la difusión de estas acciones sirve como un canal de contacto para que otros ciudadanos conozcan los servicios de gestión disponibles.
Argumentó que los “diputados de territorio” requieren de esta visibilidad para informar a la ciudadanía sobre el destino final de sus impuestos.
Respecto a las críticas sobre el uso de imágenes como simulación de trabajo o para fines personales, defendió su trayectoria.
Aseguró que, en muchos casos, son los propios beneficiarios quienes solicitan o autorizan el uso de su imagen para refrendar el apoyo recibido.
Aunque se mostró en contra de las limitaciones, indicó que analizará el documento final para garantizar que se salvaguarde la identidad de los ciudadanos sin afectar la transparencia.
La iniciativa en debate busca evitar que la entrega de programas sociales sea utilizada como promoción personalizada de los servidores públicos, especialmente en periodos cercanos a procesos electorales.
Coincidieron en que la normativa electoral actual ya contempla los límites necesarios en materia de proselitismo, por lo que consideran que la propuesta de reforma resulta excesiva.
