Por KUKULKÁN
SOBRE los amplios salones de mármol del Poder Judicial, donde la solemnidad se respira como polvo viejo, la ministra presidenta Norma Piña se paseaba como emperatriz. Espada en mano —o en toga negra, da igual—, pretendía coronarse como la heroína de la Constitución, la libertadora del sistema judicial mexicano. Y claro, con una troupe de jueces y magistrados dispuestos a obedecer cada ademán suyo, como fieles cortesanos. Pero la historia cambió. Y vaya de qué forma.
PIÑA, con su habitual aire de gravedad académica, primero envalentonó a los suyos para lanzar una ofensiva legal disfrazada de independencia judicial. Los jueces del Poder Judicial de la Federación, tan obedientes como devotos, promovieron más de 130 amparos contra la elección judicial. Una auténtica rebelión togada, donde lo que se buscaba no era justicia, sino suspender tiempos, frenar procesos, y —digámoslo sin rodeos— reventar la elección con el pretexto de la defensa constitucional.
PERO resultó que la ley, esa vieja señora a la que todos juran fidelidad y pocos respetan, puso un alto. Y no por obra de la moral institucional, sino por la simple y dura realidad de la Carta Magna. Porque, como lo establece sin lugar a interpretaciones, en materia electoral la última palabra no la tiene la Suprema Corte, ni los jueces de distrito, ni siquiera la ministra presidenta. La tiene, y lo dice clarito, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
AHÍ COMENZÓ el viacrucis de doña Norma. Primero fueron las suspensiones invalidantes. Luego, los regaños públicos. Y esta semana, en pleno tribunal, la ministra presidenta no sólo tuvo que comerse su propio discurso sobre el activismo judicial, sino que además se vio obligada a reprender a sus otrora aliados: jueces, magistrados y demás insurgentes de escritorio. Todo con la mirada de “yo no fui, fue el amparo”, como Pilatos en el baño de manos más constitucional del siglo.
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AHORA, los mismos jueces que obedecieron su llamado, tienen 48 horas hábiles para retirar los amparos. ¿La razón? Sencilla. El juicio de amparo no procede contra reformas constitucionales. Punto. Y más sencillo aún: el TEPJF no tiene por qué obedecer a jueces federales, ni aunque lo ordene una ministra vestida de soberana. La supremacía electoral es de ellos, no de ella. Y eso, en el reino de Piña, es una herejía.
EL TRAGO ha sido amargo. Y no porque Piña no supiera que la ley era clara. Lo sabía. Lo que quería era frenar el proceso electoral, ganar tiempo, y posicionarse como la gran defensora del orden republicano frente a la amenaza de la elección popular de jueces. Pero en política, como en ajedrez, hay que saber cuándo el rey está desnudo. Y hoy, Norma Piña es una reina sin corona.
ABANDONADA por la oposición que la aplaudía, ignorada por los magistrados que desobedecen, y traicionada (¡oh tragedia!) por sus propios jueces, que ahora la ven como una figura agotada, un liderazgo que huele más a derrota que a jurisprudencia. Y así, entre memorándums, resoluciones, y silencios incómodos, Norma Piña queda retratada como lo que siempre fue: una togada más, vestida de protagonismo. Su capítulo final no es épico ni trágico. Es burocráticamente patético.
POR AHORA, la reina ha sido derrocada. Pero cuidado. El Poder Judicial es un terreno donde los muertos vivientes suelen volver… vestidos de toga.
